Como siempre, el hilo se termina cortando por lo más delgado. El tembladeral económico que generó la cuarentena para frenar los contagios de coronavirus, llegó también al sector salud, uno de los que se supone que está trabajando a plena capacidad, junto con las industrias de alimentos y bebidas y limpieza e higiene personal.

La próxima semana los hospitales de la provincia de Buenos Aires podrían dejar de recibir algunos servicios conexos por falta de pago, en cuestiones como mantenimiento, limpieza, lavandería, alimentos y oxígeno.

Según reseñó el portal Realpolitik, los prestadores de esos servicios no cobran sus facturas ya presentadas desde diciembre, lo que pone en riesgo la actividad en 77 hospitales del distrito bonaerense.

Si bien se mantienen conversaciones con funcionarios del Ministerio de Salud provincial, hasta el momento no se ha llegado a ninguna solución aceptable por parte de las empresas prestadoras.

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La paradoja es que mientras éstas aseguran que en los últimos meses vienen sosteniendo la actividad a pesar de no haber cobrado facturas ya presentadas y aprobadas, en despachos oficiales les dicen que la alternativa es que tomen los créditos al 24% anual a tasa fija, que la banca pública lanzó en el marco de la emergencia.

Éste puede ser un caso extremo en el contexto de la pandemia, pero no es el único. En verdad desde hace varios días proveedores del Estado nacional y las provincias alertan sobre un comportamiento similar en otras sectores.

Por la naturaleza misma de las licitaciones y los contratos de locación de servicios, es difícil cuantificar el monto de la deuda pendiente de cobro. Se estima que el Estado en sus tres niveles realiza compras anuales por cerca del 15% del PBI.

Teniendo en cuenta que entre enero y abril suele comparse entre el 40 y el 50% de la compra anual y que hoy el 90% de esas entregas están con atraso en los pagos, el stock de deuda acumulada llegaría al menos 7% de producto, explica un proveedor del Estado nacional y  administraciones provinciales, con varias décadas vendiéndole al sector público.

La situación es tal que desde la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) enviaron notas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a varios ministros solicitándoles atención urgente a este tema. 

Un proveedor del sector salud señaló que tiene "facturas por cobrar del año 2018 y la mayoría de las empresas tienen facturas de toda la segunda mitad de 2019". En este contexto, se quejan de que en un escenario de inflación como el actual, algunas de esas ventas fueron cotizadas hace más de un año, con el impacto que eso tiene en las pymes proveedoras del Estado.

Para otro proveedor de equipamiento para varios organismos públicos, "pagarles a los proveedores es una forma de inyectar dinero en la economía".

En el ámbito de la construcción hay atrasos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y también a nivel nacional. En cuanto al sector Salud los municipios de La Plata, Luján y hasta el Hospital Naval, entre otros, no escapan de esta lógica. 

La propia Cámara Argentina de la Construcción estimó que los contratos con deuda vencida trepan a los $ 35.000 millones en los tres niveles del Estado. En este caso hay atrasos de hasta siete meses, que la gremial empresaria está intentando agilizar con los ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat.

También estón con demoras las compras realizadas por las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad. Un proveedor del sector tiene facturas pendientes de cobro en la Prefectura Naval Argentina, la Armada y la provincia de Neuquén.

Es una situación bastante generalizada, sin solución a la vista por falta de recursos económicos, a lo que se suma que por la cuarentena, hoy ni siquiera hay quién atienda los teléfonos, denuncian empresarios pyme.