Mendoza se encamina a tener una Ley de Ética Pública, que obligará a todos los funcionarios mendocinos a declarar su patrimonio antes, durante y después de que ocupen sus cargos.

Es un proyecto con amplio consenso legislativo que, sin embargo, tiene un punto de fuerte discordia en la autoridad de aplicación, porque para la oposición se le quitarán funciones y poder a la Fiscalía de Estado.

Actualmente, a partir del decreto 1.789/15 (firmado por el ex gobernador Francisco Pérez), el fiscal de Estado -hoy, Fernando Simón, ex senador del PJ- es quien recolecta las declaraciones juradas de los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo.

Con la nueva ley, esa tarea la realizará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (que hoy depende de la Fiscalía de Estado). Esa oficina, de aprobarse el proyecto, logrará autonomía y quedará afuera de la esfera del organismo de contralor, para pasar al ámbito legislativo.

El artículo 25° del proyecto -que hoy se discutirá en la Comisión de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) del Senado- confirma que “el fiscal de Investigaciones Administrativas será autoridad de aplicación”.

El artículo 26 modifica el 4° de la Ley 4.418, quitando al fiscal de Estado la atribución de designar a ese fiscal investigador, trasladando esa responsabilidad al Gobernador.

“El Fiscal de Investigaciones Administrativas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (...) y será enjuiciable ante el Jury de Enjuiciamiento”, dice el texto.

La senadora autora del proyecto, Daniela García (UCR), que cuenta con el apoyo total de la vicegobernadora, Laura Montero, explicó la idea: “Se busca el acuerdo del Senado y dar autonomía a lo que empezará a llamarse ‘Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Ética Pública’”.

La legisladora aseguró que en principio sólo se buscaba jerarquizar al organismo, pero un proyecto “del ex gobernador Arturo Lafalla” (PJ) aportó la idea de avanzar hacia la autonomía.

“En 1996 Lafalla pidió este cambio para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque así se terminaba con una decisión del gobierno de facto, que la había integrado a la Fiscalía de Estado”, justificó García.

Lafalla era en esos años el jefe político de Simón.

Si bien el PJ mostró satisfacción con la ley de Ética Pública, se manifestó absolutamente en contra de quitar a la Fiscalía de Estado la tarea de las declaraciones juradas.

“La ley es una gran iniciativa, pero este punto la mancha”, dijo la senadora María José Ubaldini, quien primero criticó “que no se haya invitado al fiscal de Estado para que muestre su posición en la comisión”.

Para Ubaldini, que la nueva fiscalía vaya al ámbito legislativo “le quitará independencia”, sobre todo “porque tiene que investigar a los propios legisladores”. Además, “hablan de achicar el Estado, pero arman una nueva estructura”, continuó.

“Lo más grave -siguió- es que es inconstitucional, porque no se pueden crear órganos extrapoder”, resaltó.

García respondió: “No será un órgano extrapoder y no dependerá de la Legislatura porque tendrá autonomía. Será algo similar a la Defensoría de Personas Discapacitadas o a la Procuración Penitenciaria”.

Otras voces, más cercanas a la propia Fiscalía de Estado, señalaron que “se está partiendo” ese organismo de contralor. Hasta consideraron erróneo creer que Investigaciones Administrativas debe recolectar las declaraciones juradas, algo que hoy no hace, ya que la tarea se le asignó a otra oficina.

En el oficialismo creen que ni siquiera Fiscalía de Estado debe ocuparse del tema, ya que la ley 4.377, en su artículo 2, inciso b, otorga a la Escribanía de Gobierno la responsabilidad de “custodiar las declaraciones juradas” de los funcionarios. “Eso también cambiará ahora”, concluyó García.

 

Detalles

El proyecto se discutirá hoy en LAC y el oficialismo busca despacho favorable. Entre otros puntos establece:

Obligatoriedad. Que todos los funcionarios públicos, del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de los municipios, de organismos descentralizados y de control, inclusive, presenten sus declaraciones juradas antes, durante y después de ocupar el cargo.

Sanciones. Serán generalmente administrativas, pudiendo incluir la remoción en el cargo y la recomendación de apelar a instancias penales.

Autoridad de aplicación. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hoy en la esfera de Fiscalía de Estado. El proyecto planea sacarla de allí.