Consejeros escolares del Partido de Olavarría, por unanimidad rechazaron la Resolución 142/16 dictada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En este documento, con fecha 31 de marzo, se determina la autorización a los "Consejos Escolares como órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares por la medida gremial en curso".

Desde el Consejo Escolar local precisaron que "se interpreta que dicha Resolución trata de delegar a los distritos a través de los Consejos Escolares y los Municipios la responsabilidad de resolver un conflicto de su absoluta responsabilidad".

"Desde el Consejo Escolar tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestras instituciones, pero entendemos que tenemos la obligación de no realizar acto alguno que afecte los derechos constitucionales (art. 14 Constitución Nacional) y la norma de la Ley 13.688 que en su Art. 14 dice: 'Las modificaciones que devengan de la aplicación de la presente Ley no afectarán los derechos laborales de los trabajadores de la educación -docentes, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares- establecidos en la legislación vigente'", justificaron los consejeros escolares de Olavarría, en una medida similar a la tomada por el Consejo Escolar de la ciudad de Azul.

A través de un comunicado, se solicitó "al Estado Provincial que se haga cargo de solucionar los conflictos gremiales que son de su absoluta competencia y que se han agudizado como consecuencia de las medidas de ajustes, permitiendo de esta manera que los alumnos concurran normalmente a las Escuelas".

El comunicado fue firmado por los ocho consejeros escolares: Bruno Di Carlo, Edith Scarpello, Liliana Bustos, Erica Mornhinweg, Gustavo Baudriz, Andrea Rodríguez, Claudia Ruppel y Marcela Castillo.

La resolución

En la resolución, fechada el 31 de marzo de 2016, se recalcó que "la Ley Provincial de Educación N° 13.688, en su artículo 5°, establece que 'La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa'".

"Ante medidas de fuerza que afectan gravemente el derecho a la educación de los alumnos de varios establecimientos (...) y que el Gobierno de la Provincia tiene la obligación de asegurar, en virtud de la obligatoriedad de la enseñanza inicial, primaria, secundaria y superior receptada por la legislación tanto nacional como local", indica la Resolución.

Asimismo se planteó que "la Provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad". A la par, la resolución firmada por el director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, plantea que "sin perjuicio de las medidas autorizadas por la resolución 138/2016, resulta conveniente habilitar otras alternativas operativas para atender los servicios afectados".

El primer artículos precisa: "Autorizar a los Consejos Escolares como órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares por la medida gremial en curso.

"Artículo 2°. Establecer que la Dirección Provincial de Servicios Generales, en el marco de sus competencias, deberá ejercer las acciones necesarias que garanticen el funcionamiento de los establecimientos educativos de la provincia pudiendo a tal efecto dictar los actos aclaratorios y de ejecución que correspondan.

La comunicación fue refrendada por el Licenciado Manuel Vidal, subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la DGCyE.