Así se desprende de los datos publicados por el Gobierno fueguino a través de su sistema de “Gestión Transparente” en Internet. Las erogaciones superaron los 3.900 millones de pesos.
La mayor parte de las erogaciones se efectuaron en salario. El gasto en personal fue de $2.279.470.583,98. Este monto significó el 57,93% del total de erogaciones.
A pesar de la exorbitante masa dineraria que manejó el Estado durante el año el Gobierno tiene deudas pendientes con la sociedad, principalmente en materia de salud y educación. Estas deudas pendientes se dan por un lado con los empleados de la sanidad y los docentes a nivel salarial y por otro lado con la sociedad en general en materia de infraestructura y servicios hospitalarios como así también en materia de mantenimiento y construcción de edificios escolares.
En 2012 el Ministerio de Salud erogó $425.756.196,25 millones de pesos de los cuales $373.398.169,48 se destinaron a gastos en personal; algo más de 14 millones de pesos en bienes de consumo y alrededor de 11 millones de pesos en servicios no personales.
El Ministerio de Educación erogó $1.093.347.452,5 millones de pesos. De este total, $986.024.076.76 millones se destinaron a cubrir salarios.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas erogó más de 155 millones de pesos de los cuales más de 54 millones se destinaron a la realización de obras entre las que pueden citarse las ampliaciones de centros de salud como el CAPS Nº 5 y el CAPS Nº 6 (ambos de Ushuaia), construcción de nuevo edificio de la Secretaría de Energía e hidrocarburos; refacción de oficinas UEP y del Hospital Regional de Río Grande; reemplazo de carpintería en las escuelas número 2, 14 y 27 de Río Grande, entre otras.
De acuerdo al detalle que figura en el sitio de “Gestión Transparente” el Ministerio de Obras Públicas destinó, en 2012, casi un millón y medio de pesos en mantenimiento y refacciones en áreas de salud y casi 2.700 millones de pesos en mantenimiento y refacciones de edificios educacionales.
Cabe mencionar que en 2012 se autorizó la apertura del «Fondo Permanente de Reacondicionamiento y Mantenimiento de las Áreas de Educación y de Salud de la ciudad de Río Grande y Comuna de Tolhuin» cuya finalidad es solventar los gastos emergentes de las reparaciones o refacciones de distinta índole que sean necesarias realizar para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos y centros de salud de las ciudades precitadas por un monto total de $7,5 millones de pesos, uno para el ejercicio económico pasado y otro igual para el año 2013.
El mismo fondo fue creado para establecimientos educativos y escuelas de Ushuaia aunque por un monto de $4 millones de pesos; suma que se repetirá en el presente año.
En relación al financiamiento del sistema educativo de aquí en más, cabe mencionar que la recientemente promulgada Ley 905 (de Presupuesto 2013) derogó la Ley Provincial 648 y sustituyó el artículo septuagésimo de la Ley 159 estableciendo que la inversión en el sistema educativo por parte del Estado provincial no podrá ser inferior al treinta y cinco por ciento del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, netos de coparticipación a municipios y contribuciones figurativas de poderes y organismos de control.
Mediante la Ley 905 también se incorporó como fuente de financiamiento el “Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales”, destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, en las partidas presupuestarias de personal, bienes y servicios no personales, bienes de uso, y construcciones, el producido de la retención a los municipios del veinticinco por ciento (25%) de los recursos que les corresponden por coparticipación de ingresos tributarios provinciales, los que serán deducidos de la liquidación en la coparticipación de dichos conceptos.
En 2012 el Gobierno no pudo afrontar el pago de las deudas que mantiene con el IPAUSS según lo establece la Ley 641. Sin embargo, se espera que en 2013 pueda dar cumplimiento a sus obligaciones teniendo en cuenta que a través de la Ley 905 parte de las retenciones que se les efectuarán a los municipios se destinarán al Fondo de Garantía de pago de los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social.
Este año, el Gobierno de Tierra del Fuego prevé gastos que superan los $7.600 millones de pesos y recursos que no llegarán a superar el exorbitante monto por lo que se presupuestó un déficit de 600 millones de pesos para el 2013.
Comparación del gasto público entre provincias
Un informe efectuado por el IADER (Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales) en base a los presupuestos provinciales 2012 había anticipado que el gasto por habitante de las provincias sería de $9.809,4. Los mayores niveles se alcanzarían en provincias del Sur y Noroeste argentino. Los niveles de gasto público per cápita de los gobiernos provinciales mostraron disparidades importantes. Mientras en algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba y Corrientes se ubicó por debajo de $ 8.000 anual, en otras como Tierra del Fuego y Santa Cruz fue más de seis veces superior.
Según el informe “la dependencia de los sistemas económicos provinciales de las arcas públicas es importante, aunque en algunas jurisdicciones donde la mayor parte del empleo está ligado al sector público, la situación es más delicada que en otras. A esto se suman la inflación, que deriva en aumentos de gastos que en algunas provincias es ampliamente superior a otras”.
El informe señaló a Tierra del Fuego como el caso más llamativo. En un principio el presupuesto provincial estipulaba erogaciones por $5.669 millones para 2012, y con ello, se ubicaba como la segunda provincia de menor nivel de gasto del país (la primera sería San Luis). Sin embargo, el informe evaluaba que “al ser la provincia de menor población de la Argentina (apenas 127.205 habitantes) el gasto por habitante anual de Tierra del Fuego resulta muy elevado: $44.570”. Este mismo estudio indicó que el Gobierno fueguino “gasta en promedio, el equivalente a $ 3.714 al mes por cada habitante”.
El IADER había anticipado que la segunda provincia más atada al sector público, sería Santa Cruz ya que para 2012 previó un gasto de $10.506 millones aproximadamente, que con una población de 273.964 habitantes, arrojaron un gasto promedio per cápita anual de $38.348,1.
En 2012 La Pampa calculó un gasto anual por $6.281,78 millones, equivalentes a un gasto de $19.695 por habitante (o lo mismo, $1.641 per cápita mensual), bastante por debajo de las dos jurisdicciones patagónicas pero muy superior al promedio país que se ubicó en $9.809 anual.
Catamarca ocupó el cuarto lugar de gastos per cápita ya que para 2012 proyectó erogaciones por $6.938,9 millones, equivalentes a un gasto per cápita de $18.864, muy similar al de Neuquén, donde el gasto por habitante presupuestado se ubicó en $18.455,3. La situación de estas jurisdicciones contrastó con el de otras como la Provincia de Buenos Aires, Salta y Córdoba, que tienen los niveles de gasto por habitantes más bajos del país. En Buenos Aires, las erogaciones para 2012 rondaron los $113.852,7 millones, sin dudas la provincia con más gasto de las 24 jurisdicciones del país, pero que con una población de 15,6 millones tuvo el nivel de gasto por habitante más bajo de todas (solo $7.286 al año lo que significa que el gobierno provincial asignó el equivalente a $607 mensuales por habitante). En el caso de Córdoba, el gasto per cápita anual ascendió a $7.827 en tanto en Salta fue de $7.965.
La nueva tarifaria y su aporte a la economía provincial
Con respecto a la reforma tributaria aprobada por la Legislatura recientemente, el Secretario de Ingresos Públicos, Cristian Durrieu, explicó que la modificación impositiva establece un incremento en la alícuota de ingresos brutos del 1 por ciento, fondos que serán destinados a financiar los servicios esenciales que presta el Estado provincial. Recordó también que además se dejó sin efecto la tasa cero a la mayoría de las actividades.
Los pequeños contribuyentes podrán acceder al régimen simplificado de ingresos brutos, siempre que no superen un tope de facturación de 500 mil pesos por año.
Respecto al incremento en el valor del impuesto inmobiliario rural quedó establecido un tributo que irá de 2 a 7 pesos, dependiendo de la cantidad de hectáreas de cada establecimiento, así como también de la aplicación de un factor correctivo.
Por otra parte, fueron gravados con un 6 por mil los cargos para compras realizadas con tarjeta de crédito.
Durrieu subrayó que el nuevo esquema impositivo “es muy importante para las finanzas provinciales, para poder recuperar el equilibrio dentro del contexto de la ley presupuestaria que modifica la ley 648”.
Para el funcionario, la reforma tributaria es “muy equitativa” y refleja “el trabajo realizado en Comisión de la Legislatura y el Consejo Económico y Social” y significará “un avance trascendental en la Provincia que no podía seguir desfinanciada”.
Quiénes quedaron exentos
Recordemos que quedaron exentas del pago de la alícuota adicional, todas las ramas de la industria radicada bajo la ley 19.640; los contribuyentes ingresados al régimen simplificado (cuya facturación anual no supere los 500 mil pesos anuales); las actividades en las cuales por la aplicación de pactos o convenios ratificados por el Ejecutivo se establezcan tasas máximas (actividad petrolera); o las que estén eximidas del pago por leyes nacionales o convenios rubricados por la provincia (por ejemplo la obra pública con financiamiento nacional).
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