Las escuchas telefónicas, eje de la investigación que permitió desarticular una organización dedicada a la venta de drogas, supuestamente liderada por Juan Ignacio Suris, fueron incorporadas por lectura al debate, con lo cual se conocerán durante el próximo juicio oral.

La resolución, difundida ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestro medio, choca contra los intereses de la defensa de Suris, que pretendía impugnar la prueba, por haberse ventilado periodísticamente en medio de la instrucción de la causa.

Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Elena Torterola y Raúl Fernández Orozco hicieron lugar a la prueba planteada por la fiscal general, doctora María Cristina Manghera, para incorporar por lectura al debate las escuchas telefónicas. No está claro si será a través de la transcripción escrita o mediante los audios propiamente dichos.

Por otra parte, el tribunal aceptó poco más de cincuenta testigos, entre policías y civiles propuestos por las distintas partes. Entre ellos figuran tres de identidad de reservada, dos de los cuales son ajenos a nuestro medio, hecho que se desprende del pedido que realizó el cuerpo judicial a otros departamentos judiciales.

A su vez, hizo lugar a la incorporación de diversos informes periciales sobre material informático y teléfonos celulares y, a modo de instrucción suplementaria, se libraron oficios a juzgados y tribunales provinciales y federales de nuestra ciudad y otros lugares, como la Capital, San Martín (provincia de Buenos Aires), Mendoza y Comodoro Rivadavia, para conocer la situación procesal de distintos acusados que cuentan con antecedentes.

Suris está detenido en la cárcel de Saavedra desde enero de 2014 y junto con él -presunto cabecilla de la asociación ilícita- figuran como imputados su hermano Guillermo, Sandro Cristian Miranda, las hermanas Tamara y Yolanda Jiménez, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Ferrari, Rodolfo Gustavo Sequeira, Aníbal Arce, Carlos César Alberti, Juan Ramón Romero Miranda, Martín Cruz Ocampos y Nicolás Di Rocco.

Por otra parte, el novio o exnovio de Mónica Farro también está procesado como jefe de una asociación ilícita destinada al fraude fiscal, en el marco de una causa que se conoce como la de las “facturas truchas”.

En ese caso -que todavía no fue elevado a juicio- también están bajo sospecha Eduardo Suris (padre de Juan), Juan Pipkin, Flavio Rodrigo Carrano, Nicolás Ibarra Gutiérrez y el contador Domingo Tomás Goenaga.

Se cree que Suris, a través de usinas fantasmas, efectuaba operaciones ficticias (compra y venta de bienes o servicios) con empresas reales, entre las que figurarían firmas relacionadas con el empresario K Lázaro Báez.