En la presentación ante el máximo tribunal norteamericano, que ahora tendrá un mes para resolver si toma o no la causa, la Argentina critica no solo la resolución del Ejecutivo de ese país; sino además vuelve a cuestionar los fallos de primera y segunda instancia en contra de la Argentina, reclamando nuevamente ante el Tribunal que se autorice mudar la decisión final a Buenos Aires. Será difícil que la Corte resuelva en este sentido. 

Es casi utópica la posibilidad que en la tercera instancia judicial se de vuelta una decisión de la primera instancia (el juzgado del segundo distrito Sur de Manhattan de Loretta Preska), de segunda (la corte de Apelaciones de Nueva York) y, además, del Gobierno de los EE.UU. Lo más probable es que la Corte rechace el caso, y que quede firme el fallo de Preska a favor de los litigantes contra el país.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. 

Allí el país se comprometía ante Wall Street -donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera- a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones. La demanda total podría superar los u$s3,000 millones.