Cuatro paros de recolectores de residuos. Uno de los que se encargan de acomodar la basura en el predio de disposición final. Otro de los municipales. Trece días sin cobrar el estacionamiento medido por falta de tarjetas. Tres funcionarios que dejaron el gabinete en escándalos que llegaron a las pantallas de los canales más importantes del país. En 100 días de gestión, las falencias del intendente Carlos Arroyo quedaron completamente al desnudo. En una administración que lo primero que pidió fue una declaración de emergencia económica, el repaso exhaustivo de los hechos que signaron sus primeros meses refleja la realidad de un gobierno en emergencia política.

El primer escándalo llegó una semana después del 10 de diciembre, el día que Arroyo asumió y se comprometió a orientar su administración “a lo social”. El jueves 17, inesperadamente, renunció el secretario de Seguridad, Julio Razona. Dijo que en el área había “hechos de corrupción” y que la gestión no respaldó ni a él ni a sus colaboradores para combatirlos.

La salida de Razona tuvo repercusión nacional porque fue la primera de un funcionario de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. También tuvo su correlato en la Justicia, porque ante las denuncias públicas del ex funcionario el concejal de Acción Marplatense Héctor Rosso pidió a la Fiscalía General “una profunda y minuciosa investigación”.

Diciembre trajo otros dos disgustos. El 22, los municipales hicieron un paro por el no pago de los aguinaldos; un día después se le sumó la primera de las medidas de fuerza del Sindicato de Choferes de Camiones, que paralizó durante una jornada la recolección de residuos.

El de la basura fue uno de los conflictos que tuvo a maltraer a Arroyo. El 7 de enero, en plena temporada de verano, cuando los turistas triplican la cantidad de residuos que generan los marplatense en invierno, la ciudad se quedó otra vez con las bolsas de residuos en las calles. La postal de la Mar del Plata sucia duró esa vez 48 horas, hasta que el jefe de la CGT Azopardo y referente de los camioneros, Hugo Moyano, ofreció a su entidad gremial como garante del pago de los sueldos de los 600 trabajadores de la empresa prestadora del servicio, Transportes 9 de Julio.

Unos días después, la compañía renovó por otros ocho años su vínculo con la municipalidad por más de $ 45 millones mensuales. En este caso, el papel de Arroyo se limitó a firmar el nuevo contrato: la adjudicación de la licitación había corrido por cuenta de su antecesor, Gustavo Pulti.

Pero eso no frenó los inconvenientes en el tratamiento de los residuos urbanos. El 4 de febrero y el 4 de marzo, en ambos casos los días anteriores al vencimiento del plazo para que la empresa pagara los salarios, los recolectores realizaron otros dos paros. La última semana de febrero, además, pararon los acomodadores de basura que trabajan en el predio, nucleados en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

De Guzmán a Giri

El miércoles 24 de febrero llegó el segundo escándalo. Ese día, según él mismo contó más tarde, Arroyo leyó el diario LA CAPITAL y de inmediato convocó a su despacho al presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), Miguel Angel Guzmán. Dijo que lo quería como un hijo, pero que no tuvo más remedio que echarlo.

Según reveló este diario, Guzmán había mentido sobre el uso de una camionera oficial, que utilizó para hacer un viaje particular con su hija y volcó en una ruta de San Luis.

Los bloques de la oposición estallaron de fastidio. Todavía no entienden cómo desde el vuelco (el 9 de enero) hasta la revelación del episodio pasaron 46 días sin que se supiera absolutamente nada. El Frente Renovador incluso pidió que diera un paso al costado el reemplazante interino de Guzmán, Mariano Bowden, quien se desempeñaba como vicepresidente. “Algo debió saber”, opinó.

Trece días pasaron desde que se develó la mentira de Guzmán hasta que el presidente del Ente de Turismo (Emtur) y coordinador de las áreas de Deporte y Cultura, Emiliano Giri, fue detenido en una causa en la que se investigan contratos truchos en el astillero Río Santiago.

Aunque la investigación comenzó en 2013, cuando Giri no era funcionario, su detención y posterior renuncia significó un golpe al mentón de la administración de Arroyo. Giri no sólo había sido esencial para su campaña, sino que, con tres áreas bajo su supervisión, era una especie de supersecretario.

Otra vez la oposición estalló. Sobre todo porque sólo el oficialismo (compuesto por los bloques de Agrupación Atlántica y el radicalismo) había apoyado su designación como funcionario. Los demás habían alertado sobre su doble rol de funcionario y empresario del balneario Mariano y Ripsa Pagos.

Según pudo saber LA CAPITAL, Arroyo buscó que Giri conservara su puesto, y sólo aceptó darle una salida elegante cuando se lo ordenaron desde los despachos del gobierno bonaerense.

Al día siguiente, lo defendió con un discurso militarista, plagado de referencias a las Segunda Guerra Mundial, en el que comparó su llegada al municipio con el Día D y a Giri con un soldado caído en combate.

Lo cierto es que, tras la renuncia y mientras se investiga su participación en la malversación de unos $ 16 millones, en los últimos días salieron a la luz sospechosas licitaciones del Emtur. Como la que ganó una empresa del rubro informático para limpiar las oficinas del ente. O como la que, en plena emergencia económica, se convocó para

contratar “asesoramiento creativo” por más de $ 600 mil.

Eso sin contar la publicidad ilegal que apareció en las columnas de alumbrado, cuyo consentimiento emergió de las áreas de Cultura y Turismo, que estaban bajo la coordinación de Giri.

Pero Arroyo no se enojó. En lugar de amonestarlo, la semana pasada recibió al ex funcionario en su despacho y le transmitió la necesidad de “tenerlo cerca”.

Falencias políticas y de gestión

Una de las falencias de Arroyo es política: todavía no le pudo encontrar reemplazantes a los funcionarios que dejaron de serlo. A Razona lo suplantó de hecho con el jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk, pero la firma a cargo de la Secretaría de Seguridad la tiene el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. El puesto de Guzmán lo ocupa interinamente el número 2 del ente (Bowden) y el de Giri todavía nadie.

Esa debilidad se suma a los fracasos en la gestión. A mediados de febrero, el gobierno municipal se quedó sin tarjetas de estacionamiento medido, por lo que durante 11 días debió suspender el servicio. Para ponerlo nuevamente en funcionamiento, adquirió 55 mil cartones.

El subsecretario de Gobierno y Control, Carlos Iriarte, atribuyó el faltante a la imposibilidad de comprar una gran cantidad de tarjetas hasta que no se licitara el servicio. Lo curioso es que la licitación se abrió el 29 de febrero y que el miércoles y el jueves pasados tampoco hubo servicio: el municipio se había vuelto a quedar sin tarjetas.

Las falencias de la gestión no son, en el gobierno de Arroyo, la excepción a la regla. La del estacionamiento medido es sólo una muestra. Otras se pueden atisbar en el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde casi no quedan quienes observen las cámaras de seguridad, y en el Centro de Atención al Vecino (el llamado “147”), que mermó su funcionamiento. La explicación del secretario de Economía, José Cano, fue que tanto el contrato de las cámaras como el del 147 están en plena revisión.

Otro punto débil de la administración es la comunicación. El gobierno nunca informó debidamente qué va a pasar con los programas sociales que se pusieron en duda (como el Educativo Barrial ?PEBA?) y hasta entró en contradicciones: mientras Arroyo dedicó su discurso inaugural a prometer fondos para el desarrollo social, la Secretaría de Economía y Hacienda incorporó en las ordenanzas fiscal e impositiva el cobro de un bono solidario de $ 50 para quienes concurren a los polideportivos barriales, que según trascendió en los últimos días podría ser dado de baja para lograr consenso en la aprobación del presupuesto.

En verdadera emergencia

Arroyo tampoco se caracterizó, hasta aquí, por promover políticas a través de proyectos de ordenanza. Los únicos dos de relevancia que envió al Concejo Deliberante estuvieron obligados por las circunstancias.

A mediados de enero elevó el pedido de emergencia económica, educativa, financiera, social, administrativa y de seguridad pública. Su tratamiento tuvo ribetes inusuales, como cuando Cano abandonó la reunión de la Comisión de Hacienda en la que se trataba el proyecto porque le disgustaban las preguntas que le hacía un grupo de municipales presente en el recinto.

La aprobación se produjo en la sesión del Concejo del jueves 28 de enero, y un día después tuvo lugar una “ñoquiada” del sindicato municipal frente al palacio comunal, que se manifestaba preocupada por la suerte de los empleados temporarios. Finalmente, el gobierno anunció que no le renovaría el contrato a 40 y que 179 continuarían vinculados a la municipalidad.

Pero ese estado de emergencia no se condice con la escasa voluntad que muestra el municipio para recaudar. Por los días en que no hubo estacionamiento medido se perdieron más de 3 millones de pesos, según calculó el dirigente de Nuevo Encuentro José Luis Zerillo. Además, las tasas que se cobran hoy todavía son las del 2015 por el retraso en la presentación del presupuesto, que funciona prorrogado. Pese a esas deficiencias, el gobierno tendrá que pagar un aumento de 26% a los municipales en el primer semestre del año. ¿Acaso podrá cumplir?

Cano presentó el presupuesto el 2 de febrero. El proyecto, que sería aprobado esta semana, desmiente las principales promesas de campaña. La noche que ganó las elecciones, Arroyo dijo que la idea que presidiría su gestión iba a ser la de bajar las tasas municipales, pero las ordenanzas fiscal e impositiva contienen un aumento de 27,3%. Cuando asumió, el intendente aseguró que iba a destinar la mayor parte del presupuesto que pudiera a las áreas sociales, pero ni Educación, ni Cultura ni Desarrollo Social incrementaron sus partidas.

La distribución estuvo a cargo del secretario de Economía, que a medida que transcurrieron los primeros meses fue ganando poder en el gabinete. Esa ascendencia preocupa a propios y extraños. A otros funcionarios de Arroyo, porque se cansan de recibir como respuesta un “no” a cada inversión que proponen. A los que tienen contratos con la municipalidad, porque demora los pagos.

La comuna pasó de adeudarle a la mutual de municipales de $ 4 millones a $ 10 millones durante el gobierno de Arroyo, y los retrasos con las sociedades de fomento, que realizan trabajos de limpieza y corte de pasto en los barrios, quedaron expuestas en la audiencia pública del presupuesto, celebrada el 3 de marzo. “Le pedimos que dé un paso al costado. La historia se lo va a agradecer”, le pidió a Cano el presidente de la sociedad de fomento del barrio Coronel Dorrego, Carlos Alberto Escudero.

La falta de iniciativa del Ejecutivo en el Concejo se combinó con un fallido funcionamiento del oficialismo. El bloque de la Agrupación Atlántica (el partido de Arroyo) y su socio el radicalismo tuvieron un desempeño vergonzoso tras el ataque de una banda neonazi al bar Nevermind, del presidente de Amadi (Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad), Javier Moreno.

Primero, porque el jueves 18 de febrero no asistieron a la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, en la que se iba a acordar un repudio al ataque. Y luego, el 1 de marzo, porque utilizaron la mayoría de la Comisión de Legislación para archivar el repudio. Otros concejales radicales y el propio comité local se diferenciaron de esa actitud, bochornosamente explicada por el concejal arroyista Javier Alconada Zambosco: dijo que ya se habían repudiado los ataques neonazis y que hacerlo una vez más era “reiterativo”.

Así, el balance de los primeros 100 días del gobierno de Arroyo no es bueno. Pero hay señales que dejan resquicio para una refundación del gobierno. El apartamiento de Giri, que estaba armando una estructura paralela de poder para ser intendente en 2019, es una de ellas. Otra, la predisposición al diálogo que mostró el intendente en las últimas reuniones con diputados y senadores provinciales del Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Aunque el desgaste y la debilidad son evidentes, la primera señal de solidez podría asomar el próximo miércoles con la aprobación del presupuesto municipal por consenso.