Argentina y el virus: cómo mirar hacia adelante

Argentina y el virus: cómo mirar hacia adelante

Estamos frente a un histórico quiebre de accionar humano a nivel planetario. Es clave abocarnos a la tarea de listar los principales temas a discutir y preguntarnos qué nuevas miradas serán necesarias para enfrentar la incertidumbre actual.

Por Aberto Abad Ex titular de la AFIP. Ex síndico general de la Nación.

Ante lo desconocido que impacta, la reacción más deseable socialmente es superar el miedo individual, enfrentar el temor colectivo y, mediante prueba y error, intentar la puesta en marcha de respuestas conocidas que amortigüen los impactos previsibles y esbozar nuevas respuestas para los mayoritariamente imprevisibles. El fenómeno que enfrentamos es tan inédito que el abordaje de las posibles soluciones se debe encarar con respuestas del día a día sometidas a una dinámica vertiginosa que, es de prever, nos acompañará durante un período temporal de difícil estimación. Al día de hoy, la única certeza que tiene consenso local e internacional entre los expertos de distintas disciplinas, directa o indirectamente relacionadas con la pandemia, es que en esta etapa “todos estamos aprendiendo”. No pequeñas resultan las desastrosas implicancias económicas sometidas a un arbitraje binario que continúa debatiendo acerca de la decisión de privilegiar la salud o la economía. Los países no han dado respuesta unánime y distintos intentos de resolver esta dicotomía están sobre la mesa, observándose en países económicamente muy desarrollados marchas y contramarchas nunca imaginadas. También los distintos formatos culturales y de organización político-social evidencian distintas aproximaciones a la crisis. En la mayoría de los casos, las estrategias elegidas revelan el grado de ordenamiento colectivo desarrollado por cada sociedad y su funcionalidad para enfrentar con eficacia los riesgos sistémicos y mitigar sus efectos. Adicionalmente, la calidad de sus aparatos estatales, las prioridades nacionales establecidas en el pasado respecto al financiamiento del sistema sanitario, el desarrollo educativo y científico-tecnológico logrado, la capacidad productiva propia y la infraestructura logística marcan evidentes diferencias en la aptitud para lograr adecuados estándares de calidad y eficiencia en la gestión pública de las respuestas. Desde una mirada sociológica, los expertos están analizando las derivaciones en los grupos sociales de los extensos períodos de aislamiento obligatorio decididos por muchos gobiernos para segmentos con distintos niveles de riesgo, franjas etarias y formatos laborales. Es notoria la gran dificultad adicional que implica para los sectores sociales más vulnerables someterse al confinamiento. A estos les resulta prácticamente imposible permanecer en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento, que a la vez están concentradas en zonas de escasa o nula infraestructura. Paralelamente están bajo análisis los lazos sociales construidos comunitariamente y su comportamiento en términos de aceptación altruista o egoísta de las nuevas pautas de conducta, La capacidad de respuesta casi instantánea a la pandemia de China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur confirma que el eje estratégico global pasó del océano Atlántico al Pacífico. En síntesis, “la casa común” se ha convertido en un gigantesco laboratorio que simultáneamente enfrenta al virus, intenta morigerar sus efectos económicos, sostiene las relaciones sociales, observa la capacidad de respuesta de los organismos multilaterales, pone a prueba a los Estados nacionales, valora la calidad estratégica de sus dirigencias, apela a la solidaridad con los necesitados y confía en la capacidad de sus científicos para desarrollar tratamientos que mitiguen la enfermedad y vacunas que nos inmunicen en un futuro cercano. La multidimensionalidad de la pandemia y las grandes incertidumbres que se observan en su abordaje y en sus futuras consecuencias nos obligan a todos, en particular a las clases dirigentes, a reflexionar integralmente sobre el día después. Es necesario que las dirigencias pongan en acción grupos de trabajo que desarrollen una agenda comprensiva de las nuevas debilidades y amenazas derivadas de la crisis y también sobre las oportunidades y fortalezas que inevitablemente van a sobrevenir. El primer paso a dar en esa dirección requiere identificar un inventario de interrogantes claves que susciten la búsqueda consensuada de nuevas respuestas. En tal sentido y dado que estamos frente a una situación históricamente novedosa, de quiebre del accionar humano a nivel planetario, es clave abocarse a la tarea de listar los principales temas a discutir y preguntarnos acerca de qué nuevas miradas serán necesarias para enfrentar la incertidumbre actual y potenciar nuestra escasa capacidad de corto plazo para modificar comportamientos. En una primera aproximación, se eligieron algunos disparadores temáticos que requieren procesos de análisis más completos y profundos, y que deberán ser materia de experticias más específicas. La geopolítica. En circunstancias donde diversas tensiones atraviesan el planeta en su totalidad, el comportamiento de las potencias globales y regionales muestra actitudes y respuestas ante la crisis que tienen especial relevancia para evaluar el accionar de los polos de decisión global y su posible proyección territorial. La famosa afirmación de que el eje estratégico global pasó del océano Atlántico al Pacífico se ve convalidada por la capacidad de respuesta, casi instantánea, demostrada por China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur frente a las tempranas vacilaciones de la Unión Europea y EE.UU. Una mirada retrospectiva permite ver la debilidad estratégica que se autoinfligió. Occidente cuando decidió convertir a China en una suerte de fábrica global apalancada en su especial ordenamiento político-social, los bajos costos de mano de obra y las escasas restricciones ambientales allí existentes. En una segunda ola, que requería mayores estándares de eficiencia, transfirió territorialmente gran parte de la tecnología asociada a las necesidades productivas. Esta decisión, sumada al secular empuje chino y a la paulatina mejora de su sistema educativo, permitieron que hoy su aparato productivo esté en la vanguardia tecnológica y que el Estado y sus empresas lideren a nivel mundial las inversiones en I&D. Por su parte Rusia, apoyándose en su potencial gasífero y petrolífero, se consolidó como el proveedor estratégico de los principales países de la Unión Europea y continúa desarrollando gasoductos que alimentan los mayores centros productivos europeos. Esta simple mirada explica la llegada de camiones rusos atravesando Francia con ayuda humanitaria para Italia y la ansiosa espera en Estados Unidos de decenas de barcos, fletados desde China, que transportan insumos sanitarios estratégicos –de muchos de los cuales es el principal proveedor mundial– que resultan indispensables para paliar la situación de sus ciudadanos. La gobernanza global. Una mirada panorámica a la actitud de los más importantes espacios de decisión multilateral evidencia su incapacidad para convocarse y convocar al diseño y la instrumentación consensuados de respuestas problemáticas que, por su carácter global, son precisamente de estricta responsabilidad multilateral. Tanto el G7 como el G20 están ausentes, en tanto la Unión Europea se desgasta en debates estériles. El recientemente ampliado Brics guarda silencio y el Mercosur, por su lado, confirma su virtual desaparición como organismo regional. Una de las principales explicaciones de este cuadro de situación que esgrimen los analistas internacionales está directamente relacionada con la paralela vacancia de los líderes occidentales en la generación de acuerdos y cursos de acción globales. Actitud alimentada en gran parte por su descreimiento sistemático en el multilateralismo como estrategia de respuesta a los problemas globales. Como dice Daniel Innerarity, “la mayor parte de nuestros conceptos políticos fueron pensados en una época de relativa simplicidad, con espacios más o menos delimitados, sociedades homogéneas y tecnologías poco sofisticadas. Hace falta toda una nueva teoría para la era del cambio climático, la economía financiarizada y el mundo interdependiente”. La baja calidad de la solidaridad internacional ha quedado demostrada por los decomisos de material sanitario que se registraron entre varios miembros de la Unión Europea y por la dura estadística recientemente informada que acumula 69 países que ya establecieron restricciones a la exportación de insumos sanitarios utilizados para tratar la pandemia. Los Estados nacionales. Una vez reconocidos los primeros síntomas de la epidemia, los Estados iniciaron, con desiguales capacidades estructurales y de manejo de recursos, la implementación de acciones, programas y políticas para mitigar sus efectos más previsibles en el conjunto social. Si bien se puede observar distintos enfoques acerca de: a) la magnitud de los riesgos a enfrentar; b) la velocidad a imprimirle a la respuesta y c) el grado de equilibrio entre el impacto sanitario y los costos económico-sociales, todos los aparatos estatales debieron asumir las diversas y complejas responsabilidades institucionales que les competen. Es obvio y esperable que la sociedad, en tiempos de crisis, recurra a la respuesta estatal en la medida en que es el constructo social diseñado para estas situaciones. Esta actitud se fundamenta en que el Estado está socialmente habilitado para ejercer el “monopolio legítimo de la fuerza” y consecuentemente es responsable de gestionar con unidad de mando la estrategia nacional elegida, asegurar la provisión de los principales recursos a ser aplicados y constituirse en agente financiero de última instancia para la atención de los costos económico-sociales de la crisis. A nivel doméstico, estas exigencias sociales hicieron emerger carencias estructurales en la infraestructura sanitaria disponible, en la capacidad de mantener un sistema educativo en modo virtual, en las limitaciones de no contar con fuerzas armadas bien equipadas a fin de soportar la logística necesaria para satisfacer los requerimientos de una crisis sanitaria a escala nacional y, fundamentalmente, en el largo fracaso observable en la provisión de viviendas dignas y en la dotación de servicios esenciales básicos para la infraestructura social correspondientes a un 40% de la población. Párrafo aparte merece nuestra insuficiente capacidad de enfrentar con niveles mínimos de previsibilidad este tipo de contingencias que todos los especialistas en la materia pronostican podría repetirse con mayor frecuencia. La economía global. Los expertos económicos ponen especial énfasis en la atipicidad de la actual crisis, ya que no tiene características similares a las de un shock de demanda sino que exhibe las propias de una caída fulminante de la oferta, originada en este caso por las decisiones gubernamentales encaminadas al aislamiento de La gravedad de la amenaza del virus genera nuevos sentimientos de peligro e indefención colectiva que obligan a repensar el rol individual y responsabilidades colectivas. Los trabajadores en sus hogares. Este confinamiento obliga a las empresas –salvo las pertenecientes a sectores esenciales– a frenar drásticamente la producción de bienes y la prestación de servicios. Paralelamente, comienza la destrucción de empleos. Baja el consumo, los ingresos de los trabajadores autónomos también se pulverizan y se retroalimenta la crisis de demanda. En síntesis, emerge un atípico fenómeno de crisis simultánea de oferta y demanda para el cual no están preparados ni los gobiernos ni los académicos ni los responsables del diseño y la implementación de políticas públicas. Esta abrupta caída de actividad se agrava por las carencias de la gobernanza y los liderazgos políticos globales, que dificultan rápidas respuestas de ayuda económica, tanto de los bancos centrales como de los organismos de crédito internacionales, que se demoran en movilizar recursos coordinadamente para desacelerar la crisis y permitir que países con distintos grados de solvencia intertemporal, exigencias financieras y fortaleza de su comercio exterior tengan pronta respuesta a sus necesidades. Los pronósticos sobre la forma y el momento en que se saldrá de la crisis económica tienen serias limitaciones. Las últimas proyecciones estiman caídas del orden de los dos dígitos y se condicionan sus conclusiones a las dificultades observadas en la elaboración de escenarios y a la alta variabilidad de los primeros resultados obtenidos. La experiencia más palpable de vuelta a la actividad es la que está realizando China. Recientemente ha informado que el 98% de sus compañías que cotizan en Bolsa han retomado el trabajo y el 89% de los grandes proyectos de inversión está en marcha. Más allá de estos números de recuperación de su oferta, las dificultades aparecen en la demanda. A nivel interno, el consumo se recupera muy lentamente; ingresos reducidos y menor disposición ciudadana a permanecer en aglomeraciones limitan la velocidad de respuesta. En sus exportaciones se reporta similar situación: la demanda externa de la mayoría de los países permanece deprimida en la medida en que todavía están acercándose al pico de la curva o recién comienzan su tránsito. Estos primeros datos disipan la posibilidad de una “salida en V” de la economía; habrá que contar con mayor y mejor información para convalidar este reporte. La economía local. Nuestro país fue afectado por la pandemia en un muy dificultoso escenario macroeconómico caracterizado por un largo proceso recesivo originado en un estancamiento productivo y en altas tasas de inflación. Adicionalmente, está en curso un urgente proceso de renegociación de la deuda externa para evitar el default, que requiere demostrar a los acreedores la vocación del Gobierno de lograr una macroeconomía sostenible. Esta situación, enmarcada en altos niveles de presión tributaria, imposibilidad de acceder al crédito externo y déficit fiscal, limita la capacidad de realizar importantes políticas fiscales activas en línea con las que está llevando a cabo la mayoría de los países. Adicionalmente, los altos niveles de informalidad y pobreza de nuestra economía exigen atención por los riesgos sanitarios derivados del aislamiento en “viviendas” con altos niveles de hacinamiento, como también por el brutal freno de los escasos ingresos de sus pobladores. Debe tenerse en cuenta que estos derivan de “changas” diarias para generar ingresos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La alta informalidad también complejiza la instrumentación de programas de asistencia social que requieren datos básicos para definir las necesidades a satisfacer y para instrumentar la logística de entrega de bienes materiales y subsidios monetarios. Mirando hacia adelante. Partimos del convencimiento de que cualquier intento en escudriñar “el día después” está fuertemente condicionado por la novedad del fenómeno, la ignorancia sobre su evolución y la dificultad en la medición de su impacto en el futuro del quehacer humano. Los estudiosos de las ciencias sociales remarcan otra novedad: los comportamientos sociales se modificarán a todo nivel, desde la escala individual a la planetaria, la gravedad de la amenaza del virus y de futuros eventos similares está generando nuevos sentimientos de peligro e indefensión colectiva que nos obligan a repensar nuestro rol individual y nuestras responsabilidades colectivas. Asimismo, se prevén novedosos formatos relacionales originados en la revisión del grado y los modos de la solidaridad internacional, la incorporación de mayores y sofisticados controles estatales, las nuevas prácticas laborales que deberán realizarse respetando otros modos de acercamiento social y el inevitable e inequitativo deterioro de la situación económica. Si bien, como dijimos, estas novedades hacen casi imposible la predicción, hace a nuestra responsabilidad social esbozar escenarios provisorios para poder transitar la crisis y prepararnos para identificar y gestionar los imprevisibles desafíos que nos están acuciando. Esto implica pensar y desarrollar nuevas categorías de análisis y fuertes cambios en la tradicional caja de herramientas del saber aplicado. Planteamos, entonces, algunos futuribles para iniciar la discusión: 1. Las grandes potencias globales y regionales se reubicarán en términos geopolíticos a partir de la calidad de las respuestas instrumentadas para enfrentar la pandemia, la capacidad estatal disponible para una contención exitosa y la solidaridad demostrada no solo con los países que conforman su área de poder sino también con territorios ajenos a su influencia directa. Esta primera fase de la pandemia pone al descubierto un resurgir de Asia, que contrasta fuertemente con el crepúsculo europeo potenciado por el Brexit y la significativa ausencia de Estados Unidos, derivada del repliegue estratégico realizado en importantes enclaves en los que solía tener bases activas. También Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán se han convertido en modelos a considerar por su capacidad organizativa, la sofisticación tecnológica del sistema de salud y la admirable capacidad de gestión sanitaria lograda mediante novedosos usos de la inteligencia artificial. En los liderazgos se observa desinterés por parte de países con alto perfil internacional. Sus máximos dirigentes aparecen desdibujados y sin vocación de encabezar acciones mancomunadas con sus pares. Tampoco accionan a favor de la puesta en acción de los mecanismos internacionales de coordinación y decisión existentes. Por su lado, los propios organismos multilaterales, sin el empuje de las conducciones nacionales, se desplazan lentamente y muestran escasa autonomía y proactividad en momentos para los cuales han sido especialmente creados. Ambas actitudes, amplificadas por la crisis y sus efectos colaterales, impactarán en la credibilidad de ciertos estilos de conducción y en los resultados de los desafíos electorales que deberán afrontar. También manifiestan la necesidad de revisar el diseño de los organismos, de cara a situaciones inéditas de amplio alcance que reclaman contar con políticas públicas globales que eviten que la crisis se desmadre. Los países en desarrollo deben actuar mancomunadamente y hacer oír su voz en el urgente replanteo de las políticas de ayuda a cargo de los organismos internacionales. Estas, financiadas por los países miembros, motivaron su creación y su implementación se fue desvirtuando por intereses geopolíticos de sus socios principales, ideologismos y prácticas burocráticas que limitan su efectividad. 2. Las capacidades estatales, desde el punto de vista del diseño, la implementación y control, serán revisadas sin distinción de geografías, formatos e ideologías. Ya desde su aparición histórica, el Estado fue ungido por el conjunto social como la máxima organización responsable de gestionar situaciones de crisis y dar respuesta a sectores sociales vulnerables. Las prioridades sectoriales serán ampliamente revisadas. La escasa aplicación de pensamiento estratégico a la gestión pública y las derivas ideológicas deben ser superadas. Se revalorizarán la salud, la educación y la investigación como vectores centrales de la preocupación estatal. Por su transversalidad al desempeño social en general, se deberá garantizar el despliegue de una plataforma digital integrada a nivel federal que dé soporte a redes de comunicación y de internet a todo el territorio nacional Otra dimensión ausente de la gestión estatal –la pandemia lo certifica– es la previsibilidad. Los Estados quedaron paralizados ante la crisis y en su gran mayoría no pudieron disponer de un conjunto de estrategias articuladas que priorizaran respuestas coordinadas para mitigar sus efectos. Este aspecto es central. Actualmente, muchas organizaciones privadas con menor responsabilidad social, y ciertamente con otros niveles de complejidad operacional, cuentan con planes de continuidad de su actividad específica –paradojalmente establecidos por reguladores estatales– que disparan programas integrales que dan respuestas preestablecidas ante eventos críticos. A nivel doméstico, no contamos con ningún área gubernamental responsable de gestionar este tipo de catástrofes. Las funciones básicas de un organismo de este tipo deberían ser: a) asegurar la continuidad de la prestación de los bienes y servicios que brinda el Estado; b) contar con un registro centralizado de los recursos humanos, materiales y tecnológicos esenciales disponibles en el sector público y el privado; c) establecer programas de mitigación sectoriales; d) mantener enlaces con las provincias; e) establecer acuerdos de asistencia mutua con los países vecinos; f) contar con un comando unificado para la coordinación, ejecución y control de los programas a instrumentar, y g) monitorear la ejecución de las acciones a implementar. Las sociedades volverán a discutir la antinomia libertad vs. seguridad en las nuevas situaciones de intervención estatal que han derivado de la lucha contra la pandemia. El avance de los gobiernos en la medición de los datos biométricos vía cámaras, teléfonos celulares y otras herramientas digitales permitirá la acumulación de información importantísima para la prevención de situaciones críticas. Nuestra amplia capacidad industrial se reacomodará a cambios en los consumos, nuevos esquemas de trabajo remoto y a los nuevos formatos productivos que la robótica ya está generando. Distintas voces están anticipando los riesgos futuros derivados de su aplicación a fines distintos de los que justificaron su obtención, abriendo la discusión acerca de la capacidad de manipulación de los individuos que podría ejercer el poder político mediante la aplicación de estos sensores u otros más sofisticados que desarrolle la infobiología. 3. La frágil situación económico-social que ya estaba atravesando Argentina se verá seriamente afectada por los evidentes efectos negativos de la pandemia. El shock de oferta resultante del extendido período de confinamiento en curso y sus derivaciones en la solvencia fiscal, los niveles de actividad, empleo y pobreza obligan al replanteo integral de una situación ya muy comprometida. Los primeros impactos sufridos obligaron a tomar medidas de corto plazo para financiar el capital de trabajo de las empresas vía créditos blandos y alivios impositivos focalizados en las pymes para evitar cierres masivos. Paralelamente, se debió afrontar el financiamiento de gastos e inversiones impostergables para atender las medidas sanitarias y los subsidios puestos en marcha. El futuro emerge como gran interrogante para nuestra capacidad de reconstrucción económico-social. Las políticas públicas repetitivamente aplicadas por las dirigencias no sirvieron para resolver los problemas estructurales; solo dilataron la crisis siguiente. Debemos enfrentar sin demoras la recuperación de una macroeconomía sólida negociando un proceso equitativo y creíble de reestructuración de la deuda que quite presión a las críticas exigencias financieras que la condicionan. La nueva situación de equilibrio tendrá severas demoras motivadas en la duración del proceso de aplanamiento de la curva y las consecuencias negativas para la producción y el empleo. También se producirán cambios de mayor calado derivados de las nuevas prácticas de distanciamiento social que dilatarán la recuperación de todas las actividades que conlleven el transporte masivo, la interacción social y el acceso a espacios cerrados. Para superar esta fase, la Argentina productiva cuenta con varios corredores estratégicos donde tenemos ventajas comparativas que debemos apoyar con políticas públicas claras y de largo plazo. Muchos de ellos tienen alta correlación con la provisión de bienes o servicios que serán demandados pospandemia. La producción agropecuaria, la elaboración de alimentos, la minería sustentable tradicional y la creciente explotación del litio aparecen como sectores competitivos a escala global. Muchos eslabones de la cadena de valor de la agroindustria –biotecnología, elaboración de vacunas, tecnologías de siembra directa, software especializado y la industria de maquinaria agrícola– también serán globalmente demandados. El proyecto Vaca Muerta, en sus variantes petrolífera y gasífera, hoy lastimado por razones geopolíticas, requiere nuevos acuerdos que adecuen las pautas originales y garanticen mayor previsibilidad a los inversores locales e internacionales que ya están trabajando en el terreno. La prestación de servicios de alto valor agregado, actividad precursora del trabajo remoto a nivel internacional y de estrecha relación con la industria del software, está capacitada para ampliar la generación de empleo de alta calidad para jóvenes profesionales y técnicos. Sectores más afectados como el turismo, la hotelería, la gastronomía y la industria del entretenimiento en general, que enfrentan el desafío de su reinvención, deberán tener un tratamiento especial que les permita superar las actuales restricciones derivadas del aislamiento social. La amplia capacidad industrial instalada en nuestro país también se reacomodará a cambios en los consumos, nuevos esquemas de trabajo en modo remoto y nuevos formatos productivos que la robótica ya está generando. Las industrias que forman parte de cadenas productivas internacionales, de cara al impacto pandémico, seguramente repensarán sus procesos de manera de poder amortiguar efectos colaterales de futuras crisis en alguno de los países productores de componentes o responsables de su logística. También se deben repensar los serios problemas originados en la informalidad de nuestra economía, más allá del indeseable efecto recaudatorio. Estos obstaculizaron la rápida implementación de ayudas y subsidios para distintos universos de beneficiarios. Se debe conformar una base de datos única que permita su paulatina formalización, acelerar la bancarización universal de los programas públicos y llevar a cabo una política de capacitación de los beneficiarios menos expuestos a herramientas digitales que elimine la actual brecha tecnológica que separa a amplios sectores sociales, y en particular a los adultos mayores. Esta enunciación rápida e incompleta de fortalezas a ser potenciadas y desafíos a ser encarados requiere ser ampliada y sistematizada con la participación activa del Estado y los cuerpos técnicos de los actores sindicales, empresariales y de las restantes organizaciones sociales. 4. El significativo nivel de empobrecimiento que va a soportar nuestro país, acompañado por el desempleo masivo que probablemente sobrevenga a las etapas finales de la pandemia, va a hacer indispensable atender en simultáneo los requerimientos básicos de los sectores más necesitados y el sostenimiento de niveles de empleo que aseguren la paz social. Por el lado de los recursos: ingresos fiscales degradados y la escasa actividad agudizados por la cuarentena no permitirán, en el corto plazo, generar un resultado fiscal suficiente para financiar las citadas demandas sociales. Esta restricción agravará seriamente un cuadro de situación que ya venía comprometido. En este contexto, los sectores sociales que conforman el mundo del trabajo tienden a agudizar la defensa de sus intereses particulares y el tono de sus reclamos. Estos resultan legítimos desde la visión de los trabajadores y los empresarios, que por un lado defienden los puestos de trabajo y, por el otro, la rentabilidad de sus inversiones. No obstante, en el marco de una macroeconomía castigada por la escasez, una solución realista y sustentable tiene que compatibilizar los intereses particulares con los generales. Resulta patente que hace tiempo que Argentina carece de un proyecto ordenador explícito y de origen legítimo que sinergice fuerzas y recursos disponibles que están a la espera de previsibilidad estatal y compromiso sectorial. Nuestras históricas vulnerabilidades en el desarrollo productivo y en la generación de empleo genuino, agravadas por los esperados efectos de la pandemia, hacen imprescindible contar con un marco programático gubernamental explícito que: Articule prioridades estratégicas. Compatibilice demandas privadas con finanzas públicas. Encare la revisión de regulaciones que limitan la productividad. Disminuya paulatinamente la presión tributaria. Este es el momento de la política. Los actores con representación social, convocados por el gobierno elegido, deben consensuar equilibrios básicos que permitan instrumentar políticas públicas. Estos acuerdos no confrontan con las competencias de los órganos del Estado responsables del diseño legal. Por el contrario, en tiempos críticos, aceleran su definición y colaboran con el legislador en la tarea de discusión y aceptación de los esfuerzos sectoriales que se deben realizar. Tampoco sustituyen el marco programático gubernamental anteriormente mencionado, solo lo acompañan y suministran insumos que podrán ser parte de su diseño final. La política y sus representantes –oficialistas y de la oposición– deben salir de la trampa del corto plazo y encarar a la brevedad esta convocatoria pendiente. No hacerlo pone en peligro la legitimidad del sistema democrático y su capacidad de encontrar un marco económico-social indispensable para ordenar las fuerzas productivas. El formato que enmarque esta convocatoria se convierte en secundario. Ante la gravedad del momento, debe ponerse en marcha la iniciativa, ya sea con la creación de un Consejo Económico Social o mediante esquemas intermedios más flexibles y de rápida instrumentación. En tal sentido, la pandemia nos dejó un importante aprendizaje: la sociedad aprobó mayoritariamente los cursos de acción establecidos por el gobierno y cumplió con las pautas establecidas, al tiempo que modificó sus comportamientos. Esta actitud se sostuvo a pesar de que su aceptación tuvo altos costos personales, sociales y económicos que continuarán en el tiempo. Tal comportamiento colectivo implica inmediatamente la siguiente pregunta: ¿por qué una sociedad dividida por la grieta y con liderazgos políticos muy cuestionados actuó de esa manera? Entendemos que una respuesta razonable al interrogante se fundamenta en el rol que asumieron mayoritariamente las dirigencias políticas aunando: Un objetivo común compartido. La actitud cooperativa de los partidos de la oposición. Políticas públicas diseñadas con participación directa de expertos. Explicitación objetiva de los costos y beneficios a asumir. Comunicación sistemática de los resultados. Concluyendo: está fértil el terreno para amplificar esta actuación de nuestra comunidad ante la pandemia, a un imprescindible acuerdo económico-social que recupere la confianza colectiva y armonice nuestras aspiraciones con nuestros compromisos.

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