La causa remite a sucesos de1998, y a muertos comerciales que no descansan en paz. Un nuevo recurso había llegado a través de la apelación de los abogados defensores de Ariel Schneir y Guillermo Kalle, que pretendieron objetar el dictamen del juez Daniel Peralta, del 2008. Se trata de los letrados Marcelo Abálsamo y Juan Ferrante, representantes del primero de los condenados, y Horacio D’Ángelo y Jorge De la Canale, del segundo, quienes a través de sendas presentaciones pretendieron afirmar que la causa se hallaría prescripta al momento de la sentencia, ya que toman como fecha válida “la de la comisión del delito y no la de la consumación delictiva”. Además dijeron -ocupando kilos de papel- algo así como que los acusados, aunque responsables de acciones llevadas a cabo en la citada concesionaria Latic SA, en realidad no eran dueños de nada, ya que los coches seguían a nombre de la fábrica hasta que se transferían a los compradores. Más vueltas de tuerca para cargarse de letras escritas que no permiten -a doce años del asunto- que se haga justicia real, ya que las culpas no terminan de determinarse con firmeza y los damnificados no ven salir el sol por ningún resquicio de sus ventanas.

La cuestión fue más que compleja, y cuando este medio fue el primero en dar a conocer los alcances de una operación que podía calificarse de asociación ilícita, y tenía a todas luces un alcance internacional, a más de uno le pareció una fantasmagoría de trasnoche.

En honor a la verdad, se trató de una década compleja para las finanzas de este país, y más de un desprevenido tendió a creerse el cuento de que no había estafa: decían que se trataba de una familia que había regresado de los Estados Unidos con un pequeño capital, y que lo presentaba como aval a la hora de abrir su nuevo negocio. Decían que esta gente había apostado al país, como se proclamaba en la época. Creyó alguno también que se trataba de una empresa familiar –Schneir padre e hijo- a la que simplemente los negocios le habían salido mal, como a casi todo el mundo, y había recurrido a la quiebra.

Pero había más de un elemento para probar que la compleja operación de engaño incluía a mucha más ayuda que los dos responsables visibles y su mano derecha Kalle. Necesariamente tenía que haber detrás una cadena de eslabones que multiplicaba la estafa de manera geométrica, con entidades financieras incluidas.

El juez Esteba Viñas había sido el primero en dictar el procesamiento de los hoy condenados, por operaciones que habían dejado muy mal paradas a las automotrices Fiat, Volkswagen y Mitsubishi. Por aquel entonces, se supo que un gerente del entonces Banco Roberts -absorbido por HSBC- había autorizado, a quien era en el momento perfecto desconocido, un préstamo por $1.000.000. Los avales eran simples facturas de venta que los mismos empleados de Latic confeccionaban, o certificados de nacionalización de los vehículos importados.

Cuando todo estalló, los coches de la agencia comenzaron a desaparecer misteriosamente: siempre estaban en otra dirección. Por lo tanto, ni el banco Roberts ni los numerosos compradores damnificados pudieron quedarse nunca con una parte del supuesto patrimonio de la firma.

La trama

Sucedía que esos automóviles vendidos bajo sacrificados planes de ahorro eran vendidos a terceros con excusas diversas e increíbles. Así, fueron hallados varios Fiat en poder de la familia Demetrio, afamados comercializadores de vehículos usados, miembros de la comunidad gitana. De allí salía el contacto con el gerente del Roberts, Juan Carlos Olazábal, el facilitador, quien le daba a Schneir las chequeras para que él confeccionara carpetas de cobranza ante los bancos, y obtuviera más crédito.

Aparecieron coches a nombre de personas de la más diversa estirpe, incluso de Guillermo Enrique Kalle, que se reconoció prestamista y poseedor de una fortuna generada en el negocio de la carne, pero se negó a que lo conectaran con Alberto Samid y los hermanos Guerra, matarifes corruptos que purgaban condena por los más variados delitos. Pero pasaba que Kalle le había prestado dinero a Latic con intereses usurarios. A la hora de cobrar, el dinero no estaba. Entonces el millonario de la carne se cobró con unos treinta Volkswagen que luego la automotriz se desesperaba por recuperar, porque no los había pagado nadie.

Cuatro coches más aparecieron a nombre de un tal Miller, sereno de la cochera de Kalle, que afirmó ante el juez que jamás había entrado en una concesionaria, obviamente porque los $200 que ganaba en ese momento como empleado no le hubieran permitido hacerlo. Los contratos de la venta habían sido fraguados por Schneir y el mismo Kalle.

Dos personas más aparecieron como dueños conjuntos de varios coches, cuando ni siquiera se conocían entre sí. Una gran confusión que el juez intentaba desarmar, con documentos que se le escapaban y testigos que decían saber menos que lo esperable.

Aun las dos contadoras de la firma, María Cristina Quintana y Silvia Polonsky, se negaron a entregarle la documentación al juez en tiempo y forma. Cayeron en el delito de encubrimiento y Esteban Viñas les mandó allanar el estudio.

Es que ninguno de los investigados era nuevo en las cuestiones de la estafa consagrada y de riguroso guante blanco. Ya hubo una quiebra fraudulenta en Córdoba en los setenta.

Migraciones

Ariel y su esposa Dalila Baquero residían en Miami desde 1987: su padre Natalio Schneir, junto con su mujer Ana Bentolila, habían llegado a la misma ciudad en 1994. Entre los cuatro habían abierto cuentas bancarias bajo diversos nombres, y así prepararon la estafa complejísima que les dejó un importante paquete de dinero. Ariel y Dalila se ausentaron inmediatamente del país del norte después de dar el golpe, pero volvieron tres años después, ya como prófugos de la justicia argentina. El mismo Estado al que le habían robado 9.000.000 de dólares, y que había puesto tres juzgados tras ellos, los volvía a recibir. Nadie pareció recordar a su empresa New Image Motors Inc.

Pero en la escena local, una serie de bancos parecieron ser parte de la operatoria que terminó con una quiebra fraguada, con el fin de terminar de liquidar el patrimonio para permitir una nueva fuga hacia quién sabe qué paraíso fiscal. En aquel momento del procesamiento, Schneir todavía podía tomar los micrófonos de la prensa y decir que lo que le estaba pasando era el resultado de las políticas injustas de las multinacionales sobre los pequeños empresarios locales. Hubo gente que le creyó.

La condena parece insuficiente y demasiado posdatada: cinco años de prisión y ocho de inhabilitación comercial para Schneir, y tres años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación comercial para Guillermo Kalle por ser partícipe primario de la cooperación en quiebra fraudulenta. Los jueces de Cámara Ricardo Favarotto, Walter Dominella y Marcelo Madina resolvieron rechazar la apelación y confirmar así la sentencia, por considerar que los hechos estaban suficientemente probados: una vez más, no es suficiente con no estar de acuerdo con una sentencia para venir a cuestionarla. No hay elementos contrarios a derecho, no hay prescripción y así se queda todo.

Tarde, sí. La justicia lenta y morosa no permite reparar los daños. La sentencia demorada once años hace que ya ni siquiera el público se acuerde del caso, que ya la mayoría de la prensa se había esmerado en minimizar. Tarde y nunca se confirma una sentencia mínima, casi invisible para quien puede ir de país en país armando en banda la estafa del siglo, y riéndose en la cara de sus mismos juzgadores. Sólo queda en pie la mirada de quien, con un sueldo de esfuerzo, había pagado las cuotas de un 0 kilómetro, cuyos papeles se esfumaron.