El Gobierno decidió acelerar el traspaso de jurisdicción de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur al ámbito de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, poco más de dos meses después de que se hiciera el anuncio oficial de inicio de las tareas.

 

 

Según comunicó la Secretaría de Energía, desde el 28 de febrero el Gobierno nacional "está trabajando en un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015 por el congelamiento de las tarifas". Este arreglo "no tendría costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)".

 

 

De acuerdo al portal IProfesional, las deudas cruzadas suman más de $ 50.000 millones. Después de todas las compensaciones, Edesur le pagaría al Estado nacional unos $ 4000 millones.

 

 

Además, según adelantó EconoJournal, de avanzar el acuerdo entre ambas empresas deberán invertir $ 7000 millones en obras para mejorar la calidad del atención durante los próximos 5 años. Estos desembolsos serán extraordinarios, ya que no están contemplados en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de fines de 2016, que fija el plan de inversiones y de aumento de tarifas entre 2017 y 2021.

 

 

Las tareas de compensación de deudas las lleva adelante el flamante secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade, con experiencia en su etapa privada como ejecutivo de ambas compañías distribuidoras. Una fuente del sector se quejó de que "acá no hay negociación, sino que el traspaso se va a hacer como quiere el Gobierno".

 

 

El objetivo visible del traspaso fue que parte de los subsidios para la tarifa social pasara de la órbita de Nación (Edenor y Edesur son las únicas distribuidoras argentinas reguladas por el Estado nacional, ya que todas las otras son controladas por entes provinciales) a las cajas de otras jurisdicciones, para cumplir con el déficit primario cero que impuso como condición el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con el cronograma de desembolsos, que llega hasta u$s 57.100 millones.

 

 

En tanto, una finalidad menos visible es la de repartir el anuncio de malas noticias. Al revés de lo que sucede con el gas, que tiene regulación nacional, al pasar las únicas dos distribuidoras de jurisdicción nacional a las manos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, administradas ahora por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal, respectivamente, el Gobierno delega el futuro anuncio de aumentos tarifarios en otras voces.

 

 

El próximo incremento de las tarifas eléctricas se tiene que aplicar en agosto, en base a los valores mayoristas (que cubren la generación y el transporte) y minoristas (la distribución).

 

 

En abril, en medio de la movida para congelar algunos productos esenciales, el Gobierno decidió también mantener estables los precios mayoristas de la electricidad para los hogares. Y lo que especulan en el sector es que el ajuste que corresponde aplicar en agosto en el tramo de distribución, mayormente vinculado a la inflación acumulada entre enero y agosto, se postergue hasta después de las elecciones.

 

 

Otro problema que generará el traspaso es un posible recorte de personal del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), de sus actuales 400 empleados a unos 90. En principio, una vez que se termine el proceso, habrá un ente interjurisdiccional que regule a las distribuidoras y otro nacional que controle a las transportistas de electricidad.