El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a dos médicos y un abogado, ex directivos de la Fundación de Hemofilia, que habían sido condenados por un contagio masivo de HIV a miles de pacientes a través de transfusiones de sangre. El hecho había ocurrido entre 1985 y 1992. Más de mil pacientes hemofílicos fueron contagiados con HIV y Hepatitis C. Del caso había sido apartado el juez Claudio Bonadio, quien falleció la semana pasada. Bonadio había cerrado la causa. La Cámara Federal ordenó reabrirla y cayó en manos de Sebastián Ramos. Tanto en primera instancia como en la Cámara Federal, los tres ex directivos fueron responsabilizados por mala praxis. Los acusados, los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Pedro Pérez Bianco y el abogado Eduardo Biedman, para quienes el abogado de la querella había pedido penas de 15, 14 y 7 años de prisión, respectivamente, fueron absueltos por el juez Javier Machado Pelloni, en un juicio que se realizó con un tribunal unipersonal. La causa. Se trata de un juicio en el que se investigan las transfusiones de sangre que, de acuerdo al expediente judicial, afectaron a casi mil pacientes hemofílicos con VIH y a algunos de ellos con hepatitis C. Durante la investigación, el juez federal Sebastián Ramos había procesado a los médicos y directivos de la Fundación por no haber controlado los concentrados de coagulación que se le suministraron a los hemofílicos, y luego la Cámara Federal porteña les agravó la calificación y los definió como responsables directos de los contagios. "Esa omisión también se inscribe por un no actuar en la propagación de la enfermedad y allí -ya no caben dudas- el dolo es total y completo", sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia en el fallo que firmaron a mediados del año pasado. Día mundial del SIDA: uno de cada tres diagnósticos de infección por VIH es tardío En tanto, en el fallo de primera instancia, Ramos había señalado que los procesados "ordenaron aplicar a los pacientes hemofílicos los factores de coagulación llamados Factor VIII y Factor IV, que contenían los virus VIH, HCV y HBV", aún cuando había señales de alarma a nivel mundial por la posible contaminación de los concentrados. El magistrado los había citado a indagatoria tras el pedido formulado por la fiscal Alejandra Mángano, quien acusó a los imputados de proceder de manera "sumamente negligente e imprudente" al suministrar hace más de 20 años "medicamentos contaminados que debían ser descartados". La causa quedó a cargo de Ramos luego de que fuera reabierta por la Cámara Federal porteña, que decidió, además, apartar al anterior magistrado del caso, el juez federal Claudio Bonadio. "Resta que se reconozca el grave daño a la salud que la ausencia de un correcto control generó a todos aquellos pacientes hemofílicos" que entre 1985 y 1992 contrajeron VIH y hepatitis C al aplicárseles factores de coagulación antihemofílicos importados de Estados Unidos y contaminados, destacó la fiscalía en su momento. Mángano sostuvo que "el Estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denominados factor VIII y IX no brindó un adecuado control sobre aquellos lotes de sangre que ingresaban al país". También advirtió que esos lotes de sangre contaminados que se usaron "previamente habían sido rechazados por Estados Unidos, Japón y Brasil, dato que no debía pasarse por alto". Las últimas palabras en el juicio. "Me siento profundamente apenado y con una gran tristeza en relación a los pacientes que han declarado en este juicio", sostuvo el médico Pedro Pérez Bianco. Además, negó acusaciones en su contra en relación a haber portado un arma a la hora de atender a sus pacientes y sostuvo que hubo un "discurso parecido o igual, como siguiendo un guión que alguien les preparó", en referencia a pacientes y familiares que declararon. El médico aludió a pacientes "que han declarado en este juicio y que vinieron del interior, a quienes nunca traté personalmente en mi vida". A su turno, el médico Miguel Tezanos Pinto, de 89 años, recordó que tiene 65 años en la profesión, 30 de ellos "dedicados al estudio y tratamiento de las enfermos con hemofilia". "Por lo menos estoy tranquilo que mis pares han reconocido mi trabajo", expresó al recordar las distinciones recibidas en su carrera. El tercer acusado, el abogado Biedma, guardó silencio ante el Tribunal.