En su primera rueda de prensa tras regresar ayer a Honduras tras casi año y medio de exilio, Zelaya dijo que su propósito es "no confrontar" y que, para analizar si aspira a una eventual reelección como presidente esperará a que se defina si eso será posible en el futuro, pues actualmente la Constitución lo prohíbe.

Reafirmó, como anunció ayer en su discurso ante sus seguidores, que con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) promoverá la formación de un frente político "amplio" para impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, lo que él pretendía mediante la consulta que iba a celebrar el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado.

El exmandatario dio la rueda de prensa en su casa en Tegucigalpa, de donde un grupo de militares lo sacó en la madrugada del 28 de junio y lo expulsó hacia Costa Rica.

Zelaya reiteró que los militares tenían órdenes de matarlo pero que prefirieron sacarlo del país, algo que señaló en varias ocasiones durante su exilio y que, dijo, se lo reveló el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez.

Esa pretensión de asesinarlo, apuntó, es algo que en algún momento "tendría que aclarar" Vásquez.

Refirió que habló varias veces con Vásquez después del golpe de Estado, una de ellas cuando el exmandatario se refugiaba en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, otra cuando abandonó Honduras hacia la República Dominicana el 27 de enero de 2010 y una más desde Managua.

En una ocasión, Vásquez le comentó que "algún día se conocerán detalles" en el sentido de que las órdenes que había de parte de quienes ordenaron derrocarlo era asesinarlo, pero que después dijeron que, si no lo hacían los militares, ellos contratarían gente para que lo hiciera.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas "se opusieron a eso" y decidieron sacarlo de Honduras, agregó Zelaya.

Al recordar los momentos que vivió cuando era detenido, el expresidente indicó que no pudo reconocer a los militares que lo arrestaron porque, además del uniforme de camuflaje del Ejército, usaban cascos de hierro, pasamontañas y chalecos antibalas.

Además, añadió, esa identificación era aún más difícil por lo "apremiante" del momento.

Zelaya recordó, sin embargo, que los militares botaron la puerta de su casa "a culatazos", le apuntaron con "seis fusiles M-16" y le advirtieron que si no obedecía le iban a disparar.

Por su parte, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, dijo que sigue temiendo por la vida del exgobernante, de ella y de su familia.

Castro aseguró el pasado día 12 que el empresario José Lamas, amigo de su familia, le dijo que había un complot para asesinar a Zelaya, lo que el hombre de negocios desmintió ese mismo día, mientras que el presidente Porfirio Lobo afirmó que se investigaría.

El propio Zelaya dijo en varias ocasiones que no regresaba a Honduras porque había amenazas contra su vida.

Zelaya aseguró, por otra parte, que él no ha cometido delitos, que ha sido "transparente" en sus actuaciones y que si supiera que hubiera cometido delitos o tuviera cuestiones pendientes con la Justicia no hubiera regresado al país.

Agregó que, de haber tenido delitos pendientes, hubiera hecho como se ha hecho en otras partes con los golpes de Estado, que se hacen pactos con las autoridades de turno y se negocian acuerdos.

Sin entrar en detalles, Zelaya aseguró que está dispuesto a acudir a las instancias que eventualmente le llamen por alguna situación irregular.

La firma del Acuerdo de Cartagena, hace una semana por parte de Lobo y Zelaya, fue facilitada por la anulación, el pasado día 2 por una Corte de Apelaciones, de los dos procesos por corrupción que el Ministerio Público había iniciado contra el expresidente.

Varios países demandaban esa anulación para apoyar el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos, que lo suspendió porque no se restituyó a Zelaya.