A pocos días de iniciarse el período ordinario 2010 del Concejo Deliberante de Zapala, el presidente de ese cuerpo, Aldo Pizarro, se puso a disposición de la Justicia tras las denuncias realizadas por irregularidades en el cobro de viáticos y uso de pasajes. Las acusaciones fueron realizadas en la Fiscalía de esta ciudad por el concejal Alejandro Orlando del bloque del Frente Grande, en diciembre del pasado año.

En ese entonces, los concejales de ese Bloque y del UNE informaron a la prensa las denuncias realizadas y a partir de ese momento solicitaron al cuerpo legislativo que se organice una comisión investigadora y se aparte del cargo al presidente del cuerpo hasta que se aclaren los hechos, lo cual no prosperó. Tras la falta de votos para seguir adelante con esta solicitud, durante la última sesión ordinaria todos estos ediles abandonaron el recinto asegurando que no estaban dadas las garantías para trabajar en el concejo.

A pesar de ello, el jueves 11 de febrero, en la primera sesión extraordinaria del año solicitada por el intendente Edgardo Sapag, participaron todos los concejales, excepto la edil Olga Sotelo.

En ese contexto y a sólo cinco días de iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias, Aldo Pizarro adelantó ayer a este medio que no eludirá la acción de la Justicia y por esa razón se presentó en su calidad de presidente del concejo ante el Juez de instrucción que entiende en la causa, Oscar Domínguez.

"Me presenté, me puse a disposición, fijé domicilio y le dije al Juez que voy a concurrir a cualquier llamado de la Justicia porque no tengo nada que ocultar dando cumplimiento al artículo 18 de la constitución nacional "Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario", aseguró Pizarro.

"Son mala gente"

En tanto, la secretaria del presidente del deliberante, Liliana Méndez quien también tenía una denuncia por parte del concejal Alejandro Orlando sobre amenazas telefónicas, informó ayer que iniciará las acciones civiles y penales correspondientes contra el edil de este bloque por calumnias, injurias y daños morales frente a la sociedad.

"Están acostumbrados a realizar continuas denuncias y desprestigiar a las personas. Son mala gente", aseguró Méndez.

Méndez, quien fue ratificada en su cargo, tenía una causa penal en su contra por una presunta amenaza telefónica realizada al edil del Frente Grande, pero el pasado 9 de febrero el Juez Oscar Domínguez dispuso que se archive esta causa.