En Yerba Buena levantan un banco sin autorización municipal ni el apto ambiental de la provincia

Los vecinos requirieron el 14 de junio pasado informes al intendente Daniel Toledo, sin que hasta la fecha hayan obtenido alguna respuesta. Están alarmados porque la obra comenzó con la demolición de un inmueble y ahora, con la edifición de una nueva entidad bancaría, se trataría del Banco Santiago del Estero, sin haber presentado los planos de construcción ante los organismos de revisión competente. Tampoco contaría con el apto ambiental que debe conceder la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia.

La falta de respuesta de las autoridades municipales a sus requerimientos, obligó a los vecinos de avenida Aconquija y calle Oeste, a exteriorizar su disgusto por lo que ellos consideran, una flagrante violación a los disposiciones municipales de la ciudad de Yerba Buena. El expediente 6639 presentado al intendende Daniel Toledo, el 14 de junio pasado, por el ingeniero Orlando Caliari junto a su esposa y un grupo de vecinos, todavía no obtuvo ninguna respuesta mediante la vía administrativa. Sólo la palabra del jefe de gobierno municipal de que "no hay nada al respecto", al negar la existencia de la obra. Sin embargo, los vecinos denunciaron que luego de la demolición del inmueble de la familia Wagner-Di Mitri, comenzaron las excavaciones para levantar los cimientos de las paredes de una futura entidad bancaria.

Los vecinos reclamaron al intendente Toledo la inmediata paralización de la obra en ejecución sobre el terreno ubicado en la esquina de la intersección de avenida Aconquija y calle Oeste. Apuntaron que el emprendimiento les causaría "serios e irreparables perjuicios" por la desvalorización de sus propiedades, problemas de inseguridad e higiene, daño ambiental, paisajístico y urbanístico. Además, observaron al intendente Toledo que la construcción del edificio donde funcionaría una nueva sucursal del Banco Santiago del Estero, afectaría a calles que no son propiedad del municipio sino de todos los vecinos que viven sobre las arterias Oeste, Norte y Este.

En igual sentido, se dirigieron al presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, Ricardo Salomón, quien tampoco emitió alguna respuesta oficial.

Para estos vecinos de Yerba Buena, que ya vieron algo parecido con la construcción de un shoping en Casa Christie a pesar de los amparos judiciales existentes, el silencio del intendente Toledo, los lleva a suponer "que la obra se hace o se hace", a pesar de que afectar intereses de tercero y de violar diposiciones del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad jardín.

No obstante la indiferencia puesta de manifiesto por el intendente Toledo y el concejal Salomón, los vecinos acudieron a la Defensoría del Pueblo, que a través de su titular, Jorge García Mena, abrió un expediente para solicitar a la Municipalidad de Yerba Buena todos los antecedentes. En tanto, el edil opositor José Domián, en solidaridad con los afectados por esta "arbitraria" decisión, requirió al director de Medio Ambiente de la provincia, Rubén Dip, los informes sobre la evaluación del impacto ambiental que debería haber sido presentado con antelación al inicio de los trabajos por las autoridades de la entidad bancaria interesada en el emprendimiento.

Fundamento su pedido, en merito a que los vecinos aducen que la instalación de una sucursal bancaria "traerá un congestionamiento de tránsito sobre la avenida Aconquija y va a degradar el medio ambiente por el aumento de dióxido de carbono. Además, se debería considerar la destrucción total o parcial del arbolado existente en el predio, generando de ese modo un importante daño ambiental y al paisaje".

Las contradictorias explicaciones verbales vertidas por el intendente Toledo, en ocasión de una reunión informal, motivó el disgusto de los vecinos, quienes no descartan iniciar acciones legales para evitar la continuidad de la obra.

Vale aclarar que entre los vecinos que levantaron sus quejas hacia el Intendente, no se encuentran el secretario de Gobierno de la municipalidad de Yerba Buena, "Pilón" Aguirre ni la legisladora Susana Montaldo, quienes viven a pocos menos de la cuestionada obra, pero que eligieron mantenerse al margen de cualquier conflicto.

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