Recién divorciada y con una hija de poco más de un año, Yamila vivió un episodio que difícilmente olvidará. La madrugada del 10 de marzo de 2012, tras mantener en secreto un embarazo de más de siete meses, comenzó a sentir fuertes dolores en la boca del estómago que la trasladaron directo al baño de la casa que compartía con sus padres y su hija, desde la separación, en diciembre de 2011. Vómitos y deposiciones la mantuvieron allí encerrada un rato, pero una hemorragia devino en un "parto espontáneo". El bebé cayó al suelo, mientras Yamila se retorcía de dolor y enseguida todo era sangre. En medio del shock, la joven no escuchó llorar al niño; para ella, "no respiraba y estaba sin vida". Paralizada, lo dejó sobre una parva de ropa para lavar, antes de salir del baño, desangrándose, y se desvaneció cuando la vio su padre. La historia la cuentan otros: Yamila, de 19 años, está presa en la Unidad 5, imputada por "homicidio calificado por el vínculo, abandono de persona y comisión por omisión". Este viernes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones que luchan por los derechos del género reclamarán en la plaza Pringles la excarcelación de la joven, que "no está procesada por la justicia". Para las mujeres del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) "privarla de la libertad y de tener contactos con su hijita es aplicar un castigo anticipado. Yamila no es un verdugo, es la persona sufriente de una situación dolorosa".

La contextura física de la muchacha le permitió ocultar la panza hasta el último momento antes del episodio. Cuando la encontró desvanecida fuera del baño, su padre la trasladó al sanatorio Rosendo García donde los médicos le informaron que su hija había cursado un embarazo y plantearon la posibilidad del aborto o parto espontáneo.

Tras varios estudios, se comprobó que la chica no había ingerido nada para provocar el suceso, según indicó su defensora Corina Elisio, quien relató el hecho. Frente a la noticia, la madre de Yamila entró al baño y se encontró con un cuadro desolador. Cuando llegó la policía a la vivienda de zona Sur, "nadie tocó nada hasta que llegó el perito forense. Pasaron varias horas y el bebé estaba muerto", refirió la abogada de la joven.

En tanto, fuentes judiciales indicaron que el bebé pesaba 4 kilos, y que aparentemente nació en término. La pericia forense indica que falleció a causa de un golpe en la cabeza, que le causó un hematoma interno. Además, plantearon que las pruebas reunidas indican que existió abandono de persona, sumado a los otros delitos por los que se acusa a la chica.

Tres meses después del hecho, en julio, Yamila ﷓todavía en libertad﷓ debió ser intervenida por un problema de vesícula con gastritis, ya que presentaba cálculos. "Está claro que ella tenía algún problema de salud previo", planteó Viviana Della Siega, de Insgenar, una de las organizaciones que el viernes por la tarde estará en la plaza Pringles.

Recién en agosto de 2012, la joven fue citada a declarar por la Justicia, en el Juzgado de Instrucción Nº 8. Allí mismo quedó detenida. Sus padres, consternados, se comunicaron con el padre de la nena de Yamila, que hoy tiene dos años, y éste se hizo cargo de la niña, a la que veía respetando un régimen de visitas. Sin embargo, la situación se complicó cuando el progenitor inició un juicio de tenencia. "Yamila llegó tarde a la audiencia porque estaba detenida, no era una situación que ella pudiera resolver sola, dependía del servicio penitenciario para ser trasladada a Tribunales, y la Justicia de Familia la declaró en rebeldía. Ella no puede ver a su hija", señaló la defensora.

Para la letrada "está claro que no se puede comprobar el homicidio, porque la intención no se puede probar", y planteó que se trata de "una cuestión de género: cualquier circunstancia que quiera probar verdaderamente la intensión está siendo prejuzgamiento pensando en la naturalización de la maternidad", advirtió. "Además, se la está juzgado porque una madre no cuidó a su hija, sin pensar en por qué ocultó el embarazo. Es un caso de extrema vulnerabilidad".

Desde Insgenar plantearon que "no se puede dejar a nadie preso 'por presunta peligrosidad', basada nada más que en la idea de un juez. En este caso, se aplica la presión preventiva aduciendo una peligrosidad que no tiene sustento ni en antecedentes, que Yamila no tiene, ni en pericias psiquiátricas. Mantenerla en prisión es injusto y no revierte ningún problema de inseguridad ni para ella ni para la sociedad. Es una medida a todas luces inadecuada. La demagogia punitiva, que algunos sectores y medios de comunicación reclaman en ciertos casos, va en contra de las políticas democráticas y de derechos humanos y se aplica fundamentalmente a personas de bajos recursos; de ellas están llenas las cárceles".

El caso podría ser tomado por muchos como similar al de la joven jujeña Romina Tejerina, en 2002; pero la abogada aclaró: "En lo único que puede relacionarse es en el shock que tuvieron las dos en ese momento, y en la posterior condena social; pero las circunstancias son diferentes: Romina sufrió una violación y dijo lo que hizo. En este caso, hay acusaciones que no se pueden probar".