El fiscal federal Jorge Di Lello, puesto en actuación por el juez con ligazón oficialista, Néstor Oyarbide y que comanda la instrucción contra el presidente del PJ bonaerense por presunto lavado de dinero, salió con los tapones de punta a demarcarle los límites de sus declaraciones.

En ese marco, acusó sin preámbulos al sindicalista de querer "presionar al Poder Judicial" al amenazar con el paro nacional que se entibió luego de negociaciones encaradas con el gobierno nacional. “Es inadmisible pretender algún tipo de inmunidad”, recalcó.

"Por supuesto que está mal", respondió Di Lello al ser consultado sobre si consideraba incorrecta la huelga promovida por Moyano, finalmente suspendida.

A la par, tiró un mensaje hacia la permeabilidad de sus pares en estas situaciones donde el poder ve peligrar sus bases. En esta tónica, apuntó que "peor" le "parecería algún cambio de actitud de funcionarios judiciales" producto de medidas de fuerza u otro tipo de protesta impulsada por el gremialista en relación al caso.

El exhorto de fiscales suizos ingresó hace unos días en la Cancillería argentina, aunque ésta lo negó mediante un comunicado oficial, para investigar a los Moyano. La investigación fue tomada por los Camioneros como una cacería motivada por una operación política bajada desde arriba.

Ante esto, torearon con paro nacional para el lunes, sostenido también por varios sindicatos más, aunque la medida quedó a medio camino luego de negociar con el gobierno K, que parece decidido a soltarle la mano a la CGT por piantarle votos.