El titular del Juzgado de Instrucción Nº2, Mauricio Mayer, emitió una orden de desalojo del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), tomado en forma pacífica desde el 20 de enero por trabajadores municipales y delegados. La medida fue dispuesta luego de que el normalizador electoral, Juan José Martínez, accionara ante la Justicia, argumentando la imposibilidad de ingresar a la entidad. El desalojo se llevó a cabo este sábado, alrededor de las 14, por efectivos policiales. Ante lo ocurrido, el abogado del sindicato, Ferreira Arrúa, informó que este lunes presentaría “las apelaciones que correspondan” ante el juzgado actuante.

En este contexto, el sindicalista y diputado provincial Hugo Vázquez se acercó a Maipú 567, donde este lunes permanecen los afiliados al Suoyem, apostados en las afueras de la sede gremial. “Con los afiliados sindicales de nuestro sindicato, estamos acatando el pedido de los trabajadores de recuperar nuestra casa y solicitándole a nuestros abogados que haga una presentación ante el juez para que revea la situación de lo que decidió el sábado de hacer un desalojo de nuestra casa”, informó en declaraciones a Elonce TV.

“Nos echaron de nuestra propia casa, y hoy le queremos demostrar al juez, con hechos, que somos los verdaderos propietarios de cada terrón de tierra que hay acá, porque cada afiliado con su cuota lo ha comprado y lo tiene, y pedirle que revea la decisión porque nos sentimos sorprendidos y maltratados por la decisión”, resaltó el dirigente.

Asimismo, Vázquez advirtió: “No hemos hecho otra cosa que venir a nuestra casa de origen, que es el sindicato de municipales de calle Maipú 567”. Y sostuvo que “este hombre que se adjudica ser el dueño de nuestro gremio, nunca cumplimentó para lo que fue designado, es decir cumplimentar un acto eleccionario y no decidir lo que tiene que hacer con nuestra vida institucional”.

En ese orden, consideró que Martínez “no tendría que haber tocado ni un solo ladrillo de nuestro sindicato, ni tendría que haber hecho uso de los fondos de los afiliados”. Y estimó que “a la fecha, alrededor de 3 millones o 3 millones y medio lleva gastados en un lugar sin ser autorizado, y mensualmente se están recaudando alrededorde150 a 170 mil pesos”.