Dos horas de debate, mucha cita de biblioteca y un rechazo anunciado. Ésa es la apretada síntesis de la discusión del polémico proyecto de ley por el que la oposición pretendía ordenar al gobernador, Francisco Pérez, que iniciara una demanda penal contra la Nación para reclamar por la retención del 15 por ciento de la masa coparticipable.

Finalmente, el vicegobernador Carlos Ciurca desempató la votación para rechazar el proyecto y mandarlo al archivo aunque, a la hora de emitir su voto, sólo dijo: "Negativo".

La votación, tal como se especulaba desde hace dos semanas, terminó empatada en 19 votos y el recuerdo del voto "no positivo" de Cobos sobrevoló por un instante en el recinto legislativo.

Una vez que se sentaron los legisladores en sus bancas, el resultado estaba cantado. Sin embargo denotaron haber estudiado el tema. Cada uno de los que tomó la palabra demostró que la intervención había sido preparada y cada uno citó la mitad de la biblioteca correspondiente a la defensa o el rechazo del proyecto en debate.

Dos horas de debate, por momentos muy técnicos, por momentos muy legal. Hasta las chicanas vinieron con el archivo correspondiente.

Para entrar en contexto, cabe recordar que el conflicto nace en 1992, cuando Mendoza suscribe el Pacto Fiscal I, por el que todas las provincias ceden el 15 por ciento de la masa coparticipable a la Anses, con el objeto de financiar a ese organismo por entonces deficitario.

La decisión tuvo un par de años después otro argumento para defenderla: los aportes de los trabajadores y los empleadores con los que se pagan las jubilaciones dejaron de tener como destino la Anses, por la aparición de las AFJP, por lo que no había plata para pagar a los jubilados del sistema de reparto estatal.

Ahora, con la eliminación del sistema de capitalización y las AFJP, la retención de este 15 por ciento no tendría sustento legal y por eso el radicalismo pretende que la Provincia reclame lo retenido en 2011 y en 2012, alrededor de unos 1.800 millones de pesos, casi el déficit provincial.

Quien abrió el fuego fue Juan Carlos Jaliff (UCR), quien argumentó la potestad de la Legislatura de instruir al Gobernador, por medio de una ley, para que inicie acciones legales para reclamar bienes del Estado.

De acuerdo a Jaliff, los fondos de la coparticipación federal son de propiedad de la Provincia, por la tanto es la Legislatura la que decide sobre ellos, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución mendocina.

Además, el senador sostuvo que seguir sosteniendo el recorte es inconstitucional, puesto que la presidenta Cristina Fernández lo hizo por decreto y la Carta Magna prescribe que el destino de la recaudación impositiva se define por ley.

A su turno, Fernando Simón (PJ) aseveró que no se trataba de disponer de bienes del Estado sino que la demanda al Estado nacional es una decisión política, cosa que es completa atribución de quien fue elegido por el pueblo de Mendoza para ser gobernador.

Además, sostuvo que en el mismo Pacto Fiscal está la cláusula 8, que indica que, hasta tanto no haya otro pacto o no se sancione una nueva ley de coparticipación, ese acuerdo suscripto en 1992 tenía vigencia, por lo que el Pacto Fiscal I aún está vigente.

César Biffi (UCR) respondió a Simón que el pueblo de Mendoza, al elegir un gobernador, le da el mandato de preservar la Constitución y las leyes.

Gustavo Cairo (Pro) recordó que cada prórroga del Pacto Fiscal I necesitaba de ratificación legislativa y que la última prórroga votada fue la de 2005, que extendía la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Obviamente, hace dos años no hubo ratificación legislativa.

Armando Camerucci (UCR), también recordó que hubo 13 provincias que no traspasaron sus cajas de jubilaciones a la órbita de la Anses y que esas provincias actualmente pagan a sus jubilados entre el 70 y el 90% de lo que cobran los trabajadores activos. "Nosotros pasamos la caja, nuestros jubilados cobran el 40% o el 50% de los sueldos de los activos y todavía financiamos a la Anses".

Carlos Aguinaga acusó la inmovilidad del Gobierno provincial ante los embates nacionales, diciendo que la actitud del oficialismo "es esperar. Así lo hicieron con la promoción industrial, así lo hicieron con el petróleo y así hacen ahora".