Finalmente, la Legislatura terminó aprobando ayer el polémico proyecto por el que la Provincia deberá pagarle 3,5 millones de dólares a la empresa tecnológica Intel por el incumplimiento en que incurrió el Estado al no construir, tal como establecía el convenio original de 2006, un centro tecnológico de 5 mil metros cuadrados que sería cedido a la firma norteamericana por 50 años.

Una de las sorpresas de la sesión fue que el radicalismo, que había sido muy crítico con la enmienda que el gobierno de José Manuel de la Sota envió a la Unicameral, terminó votando a favor. La explicación que dieron desde el bloque es que por la gestión de la UCR se logró incluir y aprobar aparte un proyecto en el que se le pide al Ejecutivo que se incorpore en las negociaciones con Intel la posibilidad de que el centro de desarrollo tecnológico que la multinacional deberá construir con los fondos que recibirá de la Provincia se construya en Río Cuarto o en algunas otras ciudades del interior.

El justicialista Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la Legislatura, indicó que los incumplimientos habían sido responsabilidad del Estado y de los privados y que la enmienda que se aprobó ayer terminó por ser beneficiosa para la Provincia. “Pensar que la reforma implica un perjuicio porque dentro de 50 años los cordobeses no se van a quedar con un edificio es tener una mirada no acomodada a estos tiempos. Tenemos que privilegiar la creación de puestos de trabajo ahora, el perfeccionamiento de nuestros ingenieros y técnicos, y el desarrollo de tecnología. A eso apunta este proyecto”, manifestó Gutiérrez.

Y elogió al radicalismo porque, a su juicio, terminó comprendiendo el criterio.

La polémica se había instalado porque, según el bloque de la UCR, Intel salía sumamente beneficiada del acuerdo con Córdoba: el Estado se encargó de pagarle un alquiler mensual de 9 mil dólares desde 2006 a la fecha, le solventó el 7,5 por ciento del costo laboral, le cedió 4,6 millones de pesos para la compra de equipamiento e insumos y ahora aceptó pagarle, a modo de resarcimiento, la suma de 3,5 millones de dólares en seis cuotas anuales. Con esos fondos, la firma norteamericana tendrá que construir un centro de desarrollo tecnológico que quedará en sus manos. Para la UCR lo cuestionable era que Intel se reservaba el derecho de abandonar el convenio cuando lo considerara conveniente, sin dar explicaciones ni tener la obligación de devolver un solo peso. Por ejemplo, podía cobrar 3 millones de dólares del Estado y no generar ninguna contraprestación a cambio.

Gutiérrez dijo ayer que está claro que la empresa tendrá que construir un centro de desarrollo de software y señaló que en la Legislatura se agregó el pedido de que no solamente Córdoba capital sea beneficiada sino que también Río Cuarto y otras ciudades del interior puedan ser receptoras de las inversiones.

Eduardo Yuni, presidente del bloque radical, destacó la predisposición del oficialismo para llegar al consenso. “Hoy la Provincia está obligada a exigirle a Intel que estudie la posibilidad de instalar un centro de desarrollo en la capital alterna y en lugares similares que reúnan los requisitos indispensables, tanto técnicos como humanos”, señaló el titular de la UCR.

Mientras el radicalismo votó a favor, el Frente Cívico rechazó el proyecto.

Con la aprobación del convenio, ahora la Provincia deberá comenzar a pagar cuotas de 583.333 dólares. La primera tendrá que cancelarse dentro de 30 días; después serán vencimientos anuales.

Intel es una empresa de primera línea a nivel mundial en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la computación. Actualmente es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. Es la creadora de los procesadores x86, que es el que más habitualmente se encuentra en las computadoras personales, principalmente las notebooks.