Ante un planteo de recusación del Tribunal, otra Cámara deberá resolver el pedido. El caso involucra a 18 ex ediles y se refiere a hechos ocurridos en 1994.
Tanto el fiscal como los abogados defensores habían pedido el cierre el caso debido a que 16 años después de realizada la denuncia "se vencieron los plazos razonables para llevar a cabo un juicio oral y público".
El fiscal Felipe Seisdedos fue separado del caso luego de que adhiriera al planteo de la defensa de cerrarlo y sobreseer a los acusados. El procurador de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González, fue quien apartó a Seisdedos del juicio oral y público. En su lugar quedó la fiscal de la Séptima Cámara del Crimen, Susana García.
Los 17 ediles (la mayoría pertenecientes al PJ) están acusados de haberse sumado a sus dietas de mil pesos al mes, 1.100 más en concepto de viáticos exentos de ser rendidos, mediante una ordenanza votada y aprobada por ellos mismos, cuando el gobernador de ese momento, Rodolfo Gabrielli, había firmado un decreto que prohibía a los concejales de la provincia a ganar más de mil pesos al mes.
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