Desde el radicalismo, insisten para que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ordene a las empresas prestadoras del servicio un resarcimiento económico en las boletas a miles de usuarios perjudicados por la turbiedad del agua potable y por los cortes del suministro que afectaron al Gran Mendoza esta semana. Además, exige que se sancione a Aysam y las municipalidades de Luján y Maipú, que hoy brindan el servicio.

En representación del partido, el miembro de la UCR en el EPAS, Sergio Marinelli, presentó una nota dirigida al directorio del órgano de control para que se convoque a una reunión de Directorio en forma urgente, a fin de analizar las medidas a tomar, tanto para aplicar las sanciones como para resarcir a los usuarios. "Todo esto partiendo del entendimiento que el EPAS, no había sido notificado", dijo Marinelli en el escrito que poseen los diputados radicales y con el cual insisten desde la Legislatura.

"Sin duda el justicialismo sigue dando sobradas muestras de la improvisación con la que gestionan. Vale recordar que fue el gobierno de Celso Jaque el que estatizó la empresa de agua, luego de la privatización realizada por su mismo partido durante la ola menemista que entregó al país a capitales privados, bajo la promesa de inversiones que jamás se realizaron. Este último punto fue la excusa para retomar las riendas de la empresa, pero el tiempo pasó y las inversiones que posibilitaran que el servicio se ajustara al crecimiento demográfico tampoco se llevaron a cabo", aseguraron los legisladores.

Es más, en la nota presentada por Marinelli al directorio del Epas se dijo que "la misma infraestructura que se pensó para una población determinada se ha mantenido a lo largo de los años sin adecuarla a la cantidad de gente que hoy habita Mendoza".

"Es increíble que desde Aysam nieguen la posibilidad de resarcir a los usuarios cuando las responsabilidades de lo que sucedió han quedado más que claras", agregaron los diputados Néstor Parés y Tadeo García Zalazar. "El mismo gobernador Francisco Pérez ha reconocido el error y apelamos a que también determine las responsabilidades políticas que le cabe a cada funcionario que debió intervenir en forma correcta para la aplicación de un protocolo que evitara esta situación", manifestaron.

Este tema formará parte del cuestionario que deberán responder el lunes el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, el presidente del Directorio del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento de Mendoza (EPAS), Javier Montoro, y el titular del Directorio de Agua y Saneamiento Mendoza SA (AYSAM), Luis Böhm, quienes fueron citados a la Legislatura para que den explicaciones. Además, serán consultados por sobre las inversiones en obras que se debieron hacer para evitar los graves problemas que hoy tiene la prestación del servicio y que no se han realizado.

"Es claro que el ministro Rolando Baldasso debió llamar a una reunión a todas las partes involucradas (Irrigación, Hidráulica, Centrales Térmicas Mendoza, las tres empresas prestadoras y el EPAS) y planificar con 48 horas de antelación para tomar las previsiones del caso, a fin de que los mendocinos no padeciéramos la situación que hoy se vive, donde no sólo nos quedamos sin agua en nuestros hogares, sino que ha afectado a hospitales, centros de salud, comercios y la administración pública, entre otros. Es más, la situación es tan lamentable que el paro docente provocó que este problema no se extendiera a las escuelas", sostuvo García Zalazar. "En cada episodio de estas características, el gobierno ha actuado de manera diferente, sin respetar un protocolo que evite esta gravísima crisis", adhirió.

Por su parte, Parés explicó que "las acciones llevadas a cabo en el dique Potrerillos se van a tener que repetir, porque son necesarias y no las discutimos, pero lo conminamos al gobernador que en las próximas oportunidades se tomen las previsiones del caso, como se ha hecho en reiteradas veces. Es que en los últimos episodios de estas características el Ejecutivo ha actuado de diferente manera y de forma anárquica".