Un proceso cualitativamente distinto, que deriva en lo inmediato en una reducción de la conflictividad en Desarrollo Social, se obtuvo después de que este lunes el ministro de esta cartera, César Pérez, se reunió con empleados del área representados por el gremio UPCN, y acordó iniciar un proceso de regularización gradual de la situación del personal, con algunos amagues de considerar algún tipo de recomposición salarial de caracter extraordinario y por única vez.

El avance implica una cierta distensión en la relación con el gremio, pero no significa todavía un acuerdo de parte del sindicato, que seguirá en la negociación pero manteniendo un estado de alerta ante la eventualidad que fracasen aspectos de la situación que todavía se consideran o quedan por considerar.

Según informó el gobierno, durante el encuentro se firmó una resolución que pretende "optimizar el otorgamiento de programas y diseñar nuevas políticas sociales", en la que se establece la suspensión en la recepción de solicitudes de inclusión y altas dentro de la modalidad Bajo Programa por el término de 60 días, salvo casos estrictamente excepcionales.

Concretamente, implica un congelamiento de incorporaciones, mientras se realiza un relevamiento -mediante declaración jurada- sobre la situación que reviste cada uno de los trabajadores.

De acuerdo con lo informado por el ministerio, a partir de esta base de datos se efectuará el re-empadronamiento de los titulares, adecuándose la prestación correspondiente en los casos donde la persona no se encuentre en condiciones de prestar servicios, ya sea por edad, discapacidad, entre otros.

Otro de los temas abordados fue la recategorización del personal que se desempeña en el organismo, tanto en el nivel central como en los establecimientos descentralizados. Al respecto, se acordó que cada subsecretaría evaluará la situación en la que se encuentran los trabajadores, haciendo efectiva la categoría que revistan en los casos que corresponda. En este sentido, se priorizará a aquellos que estén próximos a jubilarse.

El ministro Pérez se mostró conforme con el resultado de la reunión, y los representantes sindicales se manifestaron de acuerdo en continuar un diálogo que siempre buscaron pero que hasta este lunes no habían encontrado.

La medida de suspender la recepción de solicitudes de inclusión y altas fue tomada también hace 90 días para los planes de Atención a la Desocupación administrados por el ministerio.

Desde el ministerio se informó además que se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que brindará un marco legal a estos programas. La normativa contemplaría la posibilidad de suspender la prestación a aquellos titulares que incurran en medidas de hecho, tales como: cortes de ruta, daño de bienes y espacios públicos, entre otros. Asimismo establece un plazo de duración, exige a los titulares que acrediten que se encuentran buscando trabajo, y certifiquen la escolaridad y vacunación de sus hijos.