La insistencia de Dardo Fernández, el abogado sureño cercano a Cazabán, lo colocará en la lista de nombres que el Consejo de la Magistratura enviará a Jaque en los próximos días. Obtuvo mayoría de bolillas negras hace diez meses, cuando era conjuez.
Se trata de Dardo Fernández, el abogado sureño bochado por el Senado en agosto del año pasado que ahora entra en competencia en el Consejo de la Magistratura para ocupar una vacante en la Primera Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca a los tres departamentos del Sur mendocino.
El primer capítulo de lo que podría significar otro contrapunto entre la Corte y el Gobierno se encendió en 2010, cuando un conjuez laboral de San Rafael se resistía a dejar el cargo y desafiaba en una batalla judicial al presidente del máximo tribunal de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, luego de conocer que debía dejar su puesto. Fue la misma Corte la que puso fin a la situación revocando una orden de no innovar que favorecía al apuntado.
El letrado, de estrechas relaciones con el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, formará parte de una de las ternas que el Consejo de la Magistratura piensa enviar en los próximos días al gobernador, Celso Jaque, para ocupar nuevos puestos en la Justicia, que se sumarán a los 86 designados hasta ahora por la actual gestión peronista.
Por estas horas atraviesa los últimos exámenes, se trata de los psicológicos, y no "hay objeciones formales" para ocupar ese puesto de camarista al que hoy aspiran sólo dos abogados de la provincia.
A pesar de las bolillas negras que se ganó en agosto del año pasado, la decisión de impulsar nuevamente al abogado, que además fue funcionario penitenciario en San Rafael, está ahora en manos del Gobernador, que deberá elegir los nombres para remitirlos a la Cámara Alta.
La medida de la Justicia despertó hace diez meses acusaciones cruzadas y logró enfurecer a los laderos de Jaque. Cazabán fue quien encarnó una férrea defensa de su coterráneo y acusó a la Corte de haber violado todos los procedimientos al echarlo como lo hizo.
El reclamo se amparaba en que para remover un conjuez debe seguirse el mismo procedimiento que para un juez, o sea un Jury, según la opinión de Cazabán. Las acusaciones cruzadas apuntaron a Pérez Hualde, a quien se le había achacado días antes haber designado conjueces de manera irregular.
En la pulseada entró otro poder: tuvo que intervenir el Senado y para esto se unieron varios legisladores de diferentes partidos que presentaron un pedido de informes para que la Suprema Corte explicara los nombramientos de los últimos tiempos. Algo que tuvo que concretar el propio Pérez Hualde.
Dudas
El vacío legal que pone en duda una segunda postulación a magistrado ante el Senado sigue vigente. El punto es que la norma constitucional ha tenido diferentes interpretaciones en los últimos años.
La raíz de la discusión surgió hace algunos años cuando el Consejo de la Magistratura envió una propuesta de reglamentación para estos casos al Ejecutivo, este lo vio con buenos ojos y la remitió al Senado.
En esa cámara se emitieron dos dictámenes: uno de mayoría que le reconocía aptitud constitucional a un postulante para presentarse nuevamente a similar cargo a pesar de haber sido bochado y otro, de minoría, que lo imposibilitaba por dos años para aspirar a un puesto en la Justicia.
El de mayoría se cayó pero nunca se discutió el de minoría. Esta imposibilidad de avanzar dio lugar a que el Consejo hoy utilice el criterio de no inhabilitarlo y le pasa la pelota al Ejecutivo.
"Nosotros mandamos los pliegos y será el Gobernador el que decida si lo deja pasar o no", respondió una alta fuente del Consejo de la Magistratura que pidió reserva ante la consulta de Los Andes.
El funcionario judicial recordó, además, que un caso similar se vivió con otra jueza de San Rafael, que fue rechazada por el Senado hace más de diez meses y en la última tanda de designaciones se convirtió en asesora de Menores e Incapaces de la Primera Circunscripción Judicial. Se trata de Nancy Ferrer designada a través del decreto 724 de 2011.
Más allá de la decisión política de Jaque y de los cuestionamientos que puede acarrear su nueva remisión, los legisladores esperan la llegada del pliego y se muestran cautos a la hora de opinar. Para el demócrata Carlos Aguinaga, debería pasar al menos un año para su nueva remisión. El legislador recuerda un caso similar de una magistrada de San Martín a la que se le aplicó este impedimento.
Por su parte, el radical Armando Camerucci marcó que sin atenerse a la cuestión jurídica, que aún no tiene respuesta, deberían pasar dos años a partir de ganar la mayoría de bolillas negras. "Considero lo más lógico en estos casos, pero voy a esperar a ver el pliego y lo hablaremos en el partido", marcó.
Consultado el presidente de la Asociación de Magistrados, Orlando Farrugia, se abstuvo de opinar y soslayó que esta no es una cuestión en la que pueda intervenir ese órgano dejando la decisión en manos del Consejo de la Magistratura y de Jaque.
De esta manera, la decisión queda ahora en manos del Gobernador, que ya designó 86 magistrados y tiene sobre su escritorio al menos diez ternas para definir los postulantes en los próximos días y remitirlos al Senado para su tratamiento.
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