A partir de su incorporación, los delitos contra la administración pública se adaptaron a sus postulados. Paralelamente, se dictó en 1999 el Código de Etica de la función pública, que fue la base de la Ley 25.188. En tanto, el artículo 36 de la Constitución nacional dice: "…atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…".

En Tucumán sólo encontramos como antecedente la Ley 3.981, de 1973, que exige la obligación de todo funcionario público de presentar declaración jurada de bienes y la sanción en caso de incumplimiento. Resulta evidente que la sola voluntad legislativa de concebir normas de fuerte contenido ético para el ejercicio de la función pública no fue suficiente para lograr la excelencia en ella. Se crearon la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera (sobre lavado de dinero), la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Ética Pública, pero no vimos una tarea que sirviera de base para el procesamiento de los que incurrieron en estos tipos de infracciones, que en algunos de los casos merecen estrictamente un reproche ético pero en otros (diríamos la mayoría) son objetivamente delictuales.

En la provincia sólo conocimos la corta vida de la Fiscalía Anticorrupción. Conocidos casos empañaron la función pública, como la pesificación asimétrica que benefició a ciertas personas amigas del poder con aproximadamente U$S 500.000, o las famosas comisiones del entonces ministro Cavallo por el otorgamiento al país de créditos de organismos internacionales. En el plano local, a los ejemplos se los podría multiplicar a la enésima potencia, con numerosas causas iniciadas por la Justicia penal, sin resolución.

Resulta indispensable que quienes ejercen el poder tengan la plena convicción de querer luchar contra la corrupción. Mientras no exista una verdadera voluntad política de criminalizar hechos de esta naturaleza, sometiendo a proceso a quienes los cometen, asegurando y garantizando una Justicia independiente, los postulados serán sólo palabras vacías. Con lo cual, como dice la Carta Magna, se afecta gravemente a la democracia misma y se amenaza el desarrollo económico y social de nuestro país.