Los docentes de Santa Cruz, al cierre de 2013, reclamaron ante las autoridades del Consejo Provincial de Educación la posibilidad de participar activamente en el diseño del presupuesto educativo en la provincia y debatir sobre el destino que debe tener el dinero invertido.

Los maestros habían señalado que lo importante y necesario es que el presupuesto cumpliera la función que tiene destinada, en este caso “atender todas las necesidades que hay en el sistema educativo para el normal funcionamiento de las escuelas”.

Desde el CPE no se negaron a que los trabajadores puedan participar en la conformación del presupuesto, pero la profesora Silvia Sánchez señaló que “hay un anteproyecto que fue elevado y en las mesas del Consejo se trabajará sobre el presupuesto recibiendo sugerencias, se trata de un trabajo colegiado”.

En tanto, el vocal por las Escuelas Públicas, Pedro Muñoz, dio a conocer que envió un escrito a la presidencia del CPE “en razón de la realidad educativa que se vive en la localidad de El Calafate, en referencia a la falta de infraestructura escolar, debido a la tardía construcción de edificios escolares para albergar la matrícula existente, cuando no la falta de respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno provincial”, señaló.

El vocal por las Escuelas Públicas precisó que mientras tanto “la construcción del edificio del Secundario 46 de la localidad todavía no presenta avances, puesto que sólo tiene realizada la platea y las aulas nuevas donde conviven una Escuela Primaria, el Colegio Industrial y la EPJA; todavía no tiene la calefacción”.

Nuevos edificios

Más adelante destaca que “mientras faltan los insumos mínimos por la supuesta falta de presupuesto y los fondos fijos cubren apenas algunos gastos, y muchos papás no saben a dónde van a asistir sus hijos por falta de aulas, el Gobierno provincial decide, mediante Resolución 022/14, subvencionar al 100% al colegio privado UPSALA, en un monto de $ 8.330.263,08 anuales, cifra que por cierto alcanzaría a cubrir el costo de construcción de un edificio escolar nuevo, teniendo en cuenta que se licitó el Colegio 46 por un total aproximado de 9 millones de pesos”, expresó Muñoz.

“Se argumenta en la resolución que esta subvención iría en concordancia a la Ley de Educación Nacional. Pero esa misma ley destaca que la asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada, reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumplen en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca”.

Seguidamente, Muñoz sostuvo que “es sabido que el arancel que cobra la escuela determina el porcentaje de aporte estatal, por ello existen escuelas subvencionadas y otras solamente subsidiadas, categoría en la que entra el colegio UPSALA, puesto que el cobro de matrícula y cuota por alumno ronda los 2.600 pesos mensuales. Es indudable que el tema de la subvención o de subsidios es permanente no sólo por los fondos que se destinan, sino por la falta de control e intervención que debería realizar el Estado, pero aún haciendo el análisis desde la normativa que está en vigencia, este caso en particular es paradigmático porque muestra a las claras el criterio discrecional, político y particular con que se manejan las subvenciones, en detrimento del desarrollo de la escuela pública”.