Para determinar un diagnóstico confiable, se utiliza un indicador compuesto que clasifica a las viviendas en términos de irrecuperables (se necesita construir nuevas viviendas), recuperables (a pesar de tener deficiencias graves incluyendo malas condiciones sanitarias, sólo requieren mejoras) y adecuadas (no requieren ninguna modificación): el Índice de Calidad Global de la Vivienda (ICGV), que colapsa una serie de dimensiones relativas a la calidad de la vivienda.

En todo el país existe cerca de 3 millones de hogares en viviendas deficitarias según cifras de 2010, de las cuales 2,7 millones son recuperables y 300 mil irrecuperables. Mientras que en el promedio del país, 24% de los hogares habitan en condiciones precarias (viviendas recuperables o irrecuperables), en provincias como Jujuy, Formosa y San Juan, más de 4 cada 10 hogares se encuentra en dicha situación, mientras que en otras como La Pampa, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, no mucho más de 5% de los hogares sufren alguna carencia a nivel habitacional.

La política del FONAVI

Las políticas de vivienda han tenido vaivenes en las últimas décadas. Un organismo importante en la política habitacional es el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972. El FONAVI, en sus orígenes funcionaba de manera centralizada. En 1992 se descentralizó la política habitacional, federalizando al FONAVI. Se pasó a un sistema de reparto automático de los recursos a las provincias. También en 1992 se modificó el financiamiento del FONAVI (que hasta el momento provenía de una detracción de los salarios), pasando a fondearse con un porcentaje del impuesto a los combustibles.

Con la crisis del 2001, se redujo significativamente la inversión en viviendas. Una vez iniciada la recuperación, se puso en marcha en 2004 el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Los fondos de este programa, sumados a otros del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, llegaron a ser entre seis y ocho veces superiores a los del FONAVI, que fue perdiendo peso en la solución de la problemática habitacional. El volumen de sus fondos ya venía decayendo, y a esto se sumaron las sucesivas autorizaciones que se otorgaron a las provincias a partir de la crisis de comienzos de siglo respecto a destinar parte de los fondos FONAVI para cubrir déficit en otras áreas en el marco de la emergencia económica (pasaron a ser de libre disponibilidad).

Entre 1980 y 1991 el gasto en viviendas por los tres niveles de gobierno resultó equivalente a 0,63% del PIB. Con el cambio de sistema de financiación y descentralización del FONAVI el gasto en vivienda pasó a ser 0,45% del PIB promedio entre 1992 y 2001. El gasto cae mucho durante la crisis de 2002 y 2003, para luego recuperarse y ubicarse en 0,61% promedio entre 2004 y 2009. En 2009, se ubicó en 0,63% del PIB.

$200 para vivienda por formoseño

“Se ha modificado el papel del Estado en relación con los problemas habitacionales, destinando una importante cantidad de recursos a la cuestión habitacional de manera centralizada”, analiza el documento, para explicar que se ha pasado “de un reparto automático y descentralizado a otro discrecional y centralizado de los fondos de vivienda”.

Una de las consecuencias de esta configuración más centralizada y discrecional en la asignación de fondos es que el gasto en viviendas sociales per cápita resulta muy dispar entre las distintas jurisdicciones. En provincias que tienen buenos indicadores sociales, como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Chubut, el gasto en vivienda y urbanismo en 2009 superó los $800 por habitante, mientras que en aquéllas con mayor tasa de pobreza, como Corrientes o Formosa, el gasto resultó menor a $200 per cápita.

Mientras que el reparto que implicaba el FONAVI tenía una relación directa con las necesidades habitacionales, la distribución actual de fondos que realiza el Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación muestra escasa relación con dichas necesidades o, incluso, existe una leve asociación negativa. Esto motiva a replantear los mecanismos de distribución de los fondos nacionales de vivienda.