En medio del debate que se desarrolla en el Congreso por su implementación a nivel nacional, las visiones sobre el funcionamiento del Servicio Cívico Voluntario en Mendoza -recientemente modificado- son dispares. Mientras desde el cobismo no esgrimen crítica alguna, legisladores y funcionarios realizan una evaluación con diversos matices.

Mirta Viviana Zabala -ex directora del SCV- se pronunció de manera optimista con respecto a los resultados del programa en Mendoza. "La gente comenzó a sentir que servía para algo, lo que provocó un significativo crecimiento en la inclusión social", manifestó. En el mismo sentido, anticipó que a nivel nacional se pueden obtener idénticos resultados.

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Ricardo Puga, ideólogo del SCV.

Contrariamente al análisis de Zabala, el autor del proyecto ejecutado por el cobismo -Ricardo Puga- criticó la falta de extensión del SCV en la provincia. Más allá de la no implementación en el interior, el diputado por el PIM sostuvo que "se debió contemplar el trabajo dentro de organizaciones sociales, más allá de las instalaciones de las Fuerzas Armadas".

La participación castrense, el eje de la polémica

Ante el papel central que ejercieron las FF.AA. en el SCV de Cobos, Puga consintió la medida. "Hay que aprovechar la participación del Ejército", enfatizó.

El asesinato de Carrasco ocurrió en 1.994.

"Si un maestro viola y mata a un alumno, ¿hay que terminar con la Escuela Pública?", señaló, refiriéndose al asesinato de Omar Carrasco (18), que terminó con el Servicio Militar Obligatorio. Tras esta analogía, Puga sostuvo que "a pesar de lo que representó el Ejército en su momento, se deben utilizar sus recursos, sin que esto represente el regreso del Servicio Militar Obligatorio".

Contrariamente, desde el ejecutivo provincial expresaron su rechazo al carácter castrense que adquirió el programa en Mendoza. "La utilización de la palabra 'servicio' presenta una connotación negativa, y su implementación refiere automáticamente a las viejas metodologías del Ejército", manifestó Javier López Maina, defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes.

En relación a este tópico, Zabala contrarrestó mediante "la ausencia de hechos de violencia durante el desarrollo del SCV en Mendoza". Además, la funcionaria cobista resaltó una necesaria participación "con límites".

"El accionar del Ejército durante la dictadura hace necesario que se limite su inclusión. De todos modos, requerimos de esta institución para corregir a aquellos voluntarios que llegan sin límites establecidos", declaró Zabala.

Por su parte, Emma Cunietti -ex titular de la Dirección General de Escuelas (DGE)- evaluó que la presencia militar fue altamente productiva para el rendimiento de los jóvenes. "Los chicos que desarrollaron sus estudios en las dependencias castrenses presentaron un mínimo porcentaje de fracasos", afirmó la ex funcionaria.

La "necesaria" descentralización

Fernando Herrera, coordinador de "De la Escuela al Trabajo", y Nidia Martini, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, coincidieron en que -a pesar de los beneficios del programa anterior- era necesario modificar algunos de sus fundamentos. "Descentralizamos el servicio hacia los municipios y establecimos los oficios en relación a las necesidades de cada región", apuntaron.

Con respecto a esto, Puga también evaluó positivamente el accionar del gobierno. "Ahora se federalizó el sistema y se incluyó a las organizaciones de la sociedad civil, lo que genera una expansión necesaria para el programa".

El programa de Cobos fue modificado por la gestión de Jaque.

Igualmente, el diputado cuestionó la "falta de impronta" de Jaque. "En su momento, Cobos realizó diversas campañas para captar el interés de los voluntarios. Hoy no se hace nada de eso", remarcó el legislador.