La legisladora propone la creación de un ente autárquico estatal que absorba a los trabajadores de Aguas de Salta, que tenga participación de los usuarios en el directorio, y con la prohibición de que el servicio sea concesionado.

Además, dispone la realización de una investigación para determinar las responsabilidades de la ex concesionaria por las deficiencias en la prestación del servicio.

En los fundamentos, si bien Cornejo coincide con la necesidad de rescindir el contrato con Aguas de Salta, argumenta que la decisión no debio ser tomada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En primer lugar, porque no estaba probada la urgencia, pero además porque para la legisladora se trató de una medida electoralista.

Por otra parte, la legisladora evaluó que la sociedad anónima no es la figura más adecuada para la prestación del sevicio, porque "están sometidas enteramente al derecho privado, en cambio las demás formas descentralizadas tienen fuertes componentes de derecho público, es decir, estatutos más estrictos y controles públicos diferentes".

Para Cornejo, la experiencia demuestra que el servicio de agua y saneamiento no puede estar en manos privadas.