Un grupo de empleados vinculado al gremio de Viales agredió a Rafael de Córdoba ayer en su despacho de la DPV. El funcionario había frenado el regreso de varios jefes sospechados, beneficiados por el actual Administrador. La policía investiga los hechos.
Tras la asunción de Edgardo Martino en la DPV, el 25 de octubre pasado, varios fueron los cambios que de produjeron. Uno de ellos, asegura una fuente del organismo, fue “haber reunido a los directores y subdirectores el pasado 2 de noviembre para informarles que, a los que habían sido desplazados por Placenzotti de sus puestos, iban a ser restituidos en esas funciones, es decir, en la misma situación que se encontraban en diciembre de 2007”.
Según pudo saber este portal, el subadministrador de la DVP, Rafael de Córdoba, llamó con celeridad a sus superiores cuando esta mañana se enteró que Martino había firmado –al menos- 17 resoluciones en las que ponía nuevamente en funciones claves a jefes del organismo, separados por distintas irregularidades de sus cargos. Un grupo de afectados fue informado de los pasos que De Córdoba estaba gestionando para dar marcha atrás con esos actos administrativos. Sin más, alrededor de las 14.30, “una patota” irrumpió en el despacho del subadministrador al que golpearon, patearon, le rompieron las prendas y, como colorario, le arrojaron todos los expedientes al piso, que el funcionario tenía sobre su escritorio.
En principio, De Córdoba intentó apaciguar la situación tensa, pero detrás del secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Eduardo García, se encolumnaban 20 empleados dispuestos a romper más de un hueso si la acción lo exigía. El propio García, según relataron dos fuentes a Notife, fue el que inició las acciones violentas, cuando le habría arrojado a De Córdoba un cigarrillo encendido a la altura del rostro. El agredido informó lo sucedido a sus superiores, que recibieron la noticia con preocupación. No sólo por la agresión, sino porque “no fue lo acordado con Martino la restitución en cargos claves de los jefes separados. Volvió a poner en funciones a la vieja guardia”, confiaron fuentes del Gobierno. El subadministrador hizo la denuncia policial en una seccional de la URI, que tiene jurisdicción sobre el edificio que el organismo tiene en Bulevar Muttis 880, a pocas cuadras de la costanera santafesina.
Entre los “beneficiados” por Martino se encontraba una de las jefas del área de Finanzas, por cuyas manos pasaron los expedientes que derivaron en la compra de motoniveladoras en la gestión como gobernador de Jorge Obeid. Las máquinas, oriundas de China, eran en su mayoría obsoletas y son pocas las que funcionan. También fue alcanzado por el pasajero indulto de Martino un jefe sospechado de beneficiar a comunas con fondos de la DPV con fines electorales, en el año 2007.
Martino, ex intendente de San Cristóbal, llegó al cargo a partir de un acuerdo entre socialistas y el senador departamental Felipe Michlig, de la UCR. En pocos días, el actual administrador de la DPV sorprendió a propios y extraños. Habría pedido que se le dupliquen los viáticos, compró un LSD de 29 pulgadas y un centro musical.

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