Siete sujetos de entre 23 y 16 años violentaron la puerta de ingreso a la comisaría de Sana Antonio de Obligado, un pueblo ubicado a escasos tres kilómetros al sur de Las Toscas, en el norte provincial.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 del domingo pasado, justo en el momento en que los numerarios policiales que cumplen servicios en esa dependencia actuaban en un accidente de tránsito sucedido en jurisdicción de Las Toscas.

De acuerdo con el relato de las autoridades policiales del lugar, los jóvenes presentaban signos evidentes de estar alterados y en ese estado rompieron la abertura de acceso a la comisaría y la emprendieron contra el mobiliario interior, informó en la edición de este lunes el diario El Litoral.

Al regresar los agentes de su tarea en la ruta, fueron agredidos por los maleantes que antes se habían encargado de romper documentación. Para reducirlos hizo falta que una comisión policial de Las Toscas debiera acudir hasta el emplazamiento oficial.

El juez de Instrucción de Reconquista Dr. Virgilio Palud confirmó esta mañana a El Litoral que por el suceso quedó imputado uno de los mayores de edad, cuyo nombre se reserva, que tendría antecedentes delictuales de importancia.

De acuerdo con datos ofrecidos por vecinos de esa población, se trataría de una banda que opera agrediendo, cobrando peajes, y en caso de resistencia de sus ocasionales víctimas, ejercen la violencia. A una familia le rompieron una motocicleta, atentaron contra su domicilio y lastimaron a varios de sus integrantes.

La comunidad, convulsionada por el accionar, los acusa de tener responsabilidad en varios hechos resonantes acaecidos en San Antonio de Obligado y que implican un llamado de atención: el robo al Club Ex-alumnos, a la comisaría, a la comuna, el museo de la parroquia, la sala de primeros auxilios, domicilios particulares, negocios, etc.

Cansados e impotentes ante la falta de soluciones, varios integrantes de distintas familias de la localidad indicaron a medios de prensa su decisión de impulsar un pedido de seguridad ante los Tribunales de Reconquista.

Además, remitirán una solicitada al Colegio de Abogados referido al accionar de los jueces para reclamar que la Justicia provincial haga cumplir las leyes vigentes. “Que se termine el garantismo hacia los victimarios y se proteja a quienes resultan víctimas, hasta el momento todo es al revés”, sentencian los pobladores