El Bloque de Concejales Radicales de Bragado consideran que “no existe por parte del gobierno municipal una política social coordinada y consensuada al respecto”.
Señalan, asimismo que las propuestas que sobre la cuestión, “tan preocupante para nuestros vecinos”, “han sido desconsideradas por el Frente para la Victoria, sin siquiera visualizar o proponer otras superadoras de las nuestras”.
LAS HERRAMIENTAS LEGALES
Por medio de la Ley Nº 13298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su decreto reglamentario, se establece la creación del Consejo Local a cuya convocatoria y coordinación se facultó a los Municipios, hallándose vigente en el Partido de Bragado, desde entonces, la respectiva Ordenanza Nº 3433, que en el año 2007 adhirió a la ley provincial y su decreto reglamentario.
Dicho Consejo constituido por profesionales de distintos ámbitos: educación, salud, seguridad, Fiscalía Centro de Prevención de las Adicciones (C.P.A), asociaciones de padres, etc., tiene a su cargo la elaboración de un plan de acción integral para la problemática.
Asimismo, obliga a crear el denominado Servicio Local, cuya constitución se produjo en el año 2005 en Bragado, “el que hoy ha quedado desvirtuado en el tiempo debido a la evolución de la problemática, que no puede ser abordada por mismo profesionales que ocho años atrás, sin que el Gobierno Municipal haya efectuado ni una modificación tendiente a su eficacia en cumplimiento de la ley”
LA PROPUESTA
La concejal Graciela Martínez de Mocca (UCR), afirmó que “el Departamento Ejecutivo Municipal nunca convocó a las instituciones establecidas en el decreto reglamentario para su conformación, lo que demuestra la falta de interés en un problema que nos afecta a todos los bragadenses”.
La Vicepresidente Primera del Concejo Deliberante sostiene como “prioritaria la conformación del Consejo Local, el fortalecimiento del servicio local, un direccionamiento a los programas y planes para jóvenes, por ejemplo el programa ENVION, becas, difusión y fortalecimiento de organismos como el CPA y el reclamo a la Provincia de Buenos Aires de las obligaciones asumidas en la ley 12.398, como el Fuero Penal Juvenil”.
“Nos preguntamos cuáles son las políticas actuales para prevenir y evitar hechos de violencia juvenil diseñados por el Intendente Municipal y sus funcionarios, entendiendo y compartiendo, como ya señalamos, la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, para que aquellos les sean respetados pero, no obstante, sosteniendo también que toda legislación garantista, debe tener mecanismos que posibiliten generar contrapesos para lograr una convivencia y coexistencia civilizada y en paz”.
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