En una gacetilla de prensa, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, aseguró este martes que “la eliminación de barreras a las garantías y protecciones judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia contra las mujeres”. Bonicatto informó que una investigación desarrollada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG), que funciona en la Defensoría, reveló que las víctimas tienen graves dificultades para denunciar ante la policía, en forma rápida y ante personal capacitado, los hechos de violencia de género. El relevamiento también indicó que el Poder Ejecutivo provincial está preparado sólo para recibir la denuncia y acompañar a las víctimas en el inicio del proceso. Sin embargo, son las propias víctimas las que deben continuar y sostener las acciones judiciales, razón por la cual muchas causas quedan archivadas. “Hay que eliminar los obstáculos para acceder a la justicia y fortalecer el adecuado acompañamiento por parte de los organismos estatales”, dijo el ombudsman bonaerense, quien consideró que se debe crear un plan integral de asistencia, protección y acompañamiento de las víctimas. El ombudsman aclaró que “un plan provincial de asistencia y protección de víctimas debería contemplar el seguimiento de las mujeres y el cumplimiento sostenido en el tiempo de las medidas preventivas por parte de los operadores judiciales y funcionarios públicos”. El informe del OVG resalta que “las políticas de asistencia a la víctima se basan en una idea de violencia reducida al ámbito familiar, mientras que la legislación nacional e internacional tiene en cuenta una concepción de violencia de género más amplia”. Advierte, a su vez, “la falta de articulación entre los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales lo cual genera una superposición de competencias al momento de ejecutar los programas de asistencia y vacíos sobre los que ningún agente estatal actúa”. En materia de asignación de recursos, una de las principales cuestiones que advierte el OVG es que las políticas públicas, para garantizar continuidad y efectividad de las acciones instauradas, deberían incluir oportunidades de acceso al empleo, educación y capacitación. Desde el Observatorio se destacó “la necesidad de promover el funcionamiento efectivo de los refugios para mujeres que hayan atravesado situaciones de violencia”. Por otro lado, el informe promueve “la elaboración y sistematización de datos estadísticos oficiales, clasificados por variables de desagregación que permitan dar cuenta de la situación actual, tanto de las mujeres como de la población trans, para poder diseñar y asignar recursos a las políticas públicas de erradicación de la violencia”. En esa línea, se aclaró que “es importante fortalecer el funcionamiento del Registro Unico de Casos de Violencia, con el fin de acceder a la información de las situaciones de violencia desde distintos organismos oficiales”.