En el primer cuatrimestre del año, la Oficina de Admisión y Derivación de Trámites de los Juzgados de Familia de Neuquén de la Primera Circunscripción Judicial recibió 3.676 casos por violencia familiar, lo que significa más de 30 por día, enmarcadas en la Ley 2212. Las denuncias comprenden la Primera Circunscripción que incluye Neuquén capital, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Senillosa.

Según su titular, Juan Pablo Durán, el promedio de denuncias diarias continúa siendo igual a la de los últimos años, pero destacó que a mitad de año “se ha detectado una disminución en la cantidad de denuncias (567) teniendo en cuenta que empezamos el año con una gran cantidad, 919 en enero y 955 en febrero”.

Sin embargo, resaltó que en relación con la violencia doméstica llama la atención la cantidad de denuncias por casos de conflicto por el vínculo, es decir situaciones de conflicto generacional, entre padres e hijos.

“Hemos pasado de un 16 por ciento de casos a más del 30 por ciento en este último tiempo, de problemas generados por la convivencia de grupos familiares de dos o tres generaciones en viviendas únicas”, explicó Durán.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Mañana de Neuquén, la violencia psicológica y amenazas están al tope de la tipología de agresiones que se presentan en las oficinas de la calle Roca al 400, alcanzando en el primer cuatrimestre del año un total de 3.676 denuncias. Le siguen los casos por violencia contra la mujer (3.123), violencia post unión (2.205), violencia en instancia de separación o divorcio (2.098) y violencia en convivencia (1.212). Además, en el primer cuatrimestre del año hubo 1.102 denuncias por violencia física, 996 por reclamo de alimentos, 991 por violencia cruzada ((hombre/mujer, mujer/hombre); la misma cantidad por reclamo por régimen de visitas y 808 por violencia relacionada con adicciones (drogas y/o alcohol).

Causas sin solución

Durán sostuvo que los conflictos por el vínculo emergen “a raíz de lo económico -desempleo y dependencia de varios integrantes del grupo familiar, a familiares que gozan de programas sociales y subsidios-, ya sea por el uso de la vivienda y del predio, que tiene que ver con el hacinamiento, viviendas sociales incompletas, déficit habitacional o dificultades para acceder a la vivienda social”.

Precisó que estas situaciones desde el punto de vista jurídico “no tienen solución” porque, por lo general, “son inmuebles que no están regularizados catastralmente, son indivisibles físicamente o son viviendas construidas por planes sociales que no reúnen las condiciones de habitabilidad para grupos familiares numerosos". Por lo tanto, para estas situaciones, según Durán, el derecho "no prevé procesos judiciales formales de resolución del conflicto, debiendo recurrirse a mecanismos alternativos de resolución”.

Comentó que estos casos se dan dentro de la vivienda o en el lote en el que se han construido tres o cuatro viviendas precarias.

Durán indicó que la mayoría de las denuncias recibidas provienen del oeste de la ciudad, y de barrios como Confluencia o Valentina. "Lo que era zonas rurales donde hay una mayor densidad de población y se van incorporando integrantes de la familia con grupos familiares propios. El uso de los pocos bienes que poseen y el hacinamiento son las principales causas de conflicto”. explicó.

Difícil intervención judicial

Subrayó que este tipo de conflictos es “de difícil intervención” porque concurren, además de los factores propios de las situaciones familiares y de convivencia entre parientes, los típicos de los problemas de vecindad, como son la ocupación, más allá de límites, intrusión, despojo; e invasivos, tipo malos olores, humo, ruido, inundación, derrame de aguas servidas y aprovechamiento ilegal compartido de las redes de luz, agua, cable, etcétera. Desde otras ramas del derecho, como tampoco desde el gobierno provincial o municipal se puede cooperar en muchos casos, debido a la irregularidad formal de la propiedad.

Durán precisó que el “único remedio procesal para acompañar estos procesos desde la Justicia” se implementa a través de medidas cautelares tendientes a garantizar la seguridad psicofísica de los sujetos más vulnerables en el grupo familiar (niños, ancianos y mujeres) y el aporte de métodos alternativos para resolver los conflictos, y la articulación con otros organismos del Ejecutivo provincial y municipal para promover la planificación y regularización de situaciones informales.