"Hay una negación de los hechos y además se han planteado proyectos que quedan en el papel. Los comisionados de la comisión interamericanos se lo han marcado al ministro Casal diciendo que era muy interesante lo que planteaba pero que no quedaba más que en proyectos. Hay una asignatura pendiente enorme porque las violaciones a los derechos en la provincia de Buenos Aires son muy flagrantes", indicó Cañón en diálogo con CAFEXMEDIO.

El político bahiense aseguró que en toda la provincia hay una práctica sistemática de torturas pero aclaró que esta situación es muy difícil de comprobar, a pesar de que hay pruebas de algunas de estas violaciones cometidas en distintas cárceles.

"Nosotros sabemos que hay practicas sistemáticas porque es lo que comprobamos, por supuesto es muy difícil probar los casos de torturas, pero si tenemos por lo menos tenemos 3 casos con pruebas de que se ha extraído piel, se ha aplicado picana eléctrica. Desgraciadamente no siempre los jueces actúan con la diligencia que los casos necesitan. A veces se califican los casos de tortura como apremio ilegales con lo cual la situación procesal de los imputados queda en un grado de menor significación y responsabilidad penal, cuando tendrían que ser calificados como torturas", sostuvo Cañón.

Además, agregó que las práctivas extorsivas sirven para que los internos se sometan, se disciplinen y, a aquellos que no lo hacen, sufren consecuencias que llegan hasta la muerte y, por ejemplo, aparecen decesos inexplicables en algunas situaciones.

"Hay un caso de un interno de Mar del Plata que le avisa al padre que lo van a matar, el padre presenta un Habeas Corpus. El juez ordena que lo tengan aislado en una celda de aislamiento y el lunes lo lleven a su despacho. El lunes el interno estaba muerto, colgado en su celda. Quedo establecido que fue un homicidio pero no se pudo determinar quienes lo mataron, y los únicos que tienen acceso al lugar eran los del servicio penitenciario", explicó el Fiscal.

Para finalizar, mencionó que, hoy en día, la Provincia de Buenos Aires tiene 30.000 detenidos, cuando la capacidad máxima de los penales bonaerenses es de 18.000 presos.