“Pasé la mitad de mi vida junto a Sergio. Nos casamos muy jóvenes y construimos una familia. Teníamos un proyecto de vida, trabajábamos y tuvimos tres hijos a los que les transmitimos valores.

Imaginábamos una vida completa. El 18 de junio, hace justo un mes, me arrebataron a mi marido, a sangre fría. Ese día, los delincuentes no entraron a nuestro negocio a robarnos, entraron a matar. Venían con las armas cargadas, dispuestos a todo”.

El relato pertenece a Graciela de Carande, la esposa de Sergio, el comerciante de 54 años que fue asesinado el 18 de junio pasado en el almacén que tenía su familia desde hacía más de 20 años. La mujer, junto a sus tres hijos, intentó reimprimir algo de cotidianidad a sus días, pero es imposible, asegura. “Estamos incompletos, a la familia le falta un integrante. Volvimos a abrir el negocio porque es mi trabajo, y si no atiendo no tengo cómo llegar a fin de mes. No nos queda otra alternativa que seguir, aunque sea con todo el dolor del alma”.

Perseguir a la Justicia

Sin embargo, Graciela sumó a su rutina diaria una lucha que nunca imaginó que iba a tener que afrontar: la persecución de justicia por su marido, y que los responsables de su muerte sean detenidos y condenados.

“Estuve reunida con otros familiares de víctima y todos coinciden en que lo más difícil es que la Justicia te abra las puertas, que los jueces te escuchen y que investiguen. En la causa de mi marido, hay pruebas que –por falta de respuesta judicial– podrían perderse. Hay filmaciones que podrían aportar datos claves, pero que sólo son guardadas durante 30 días. Hoy (por ayer) se cumplió ese plazo. Si esas pruebas las perdemos, yo voy a culpar a la Justicia. A mi abogado no lo dejan constituirse como querellante. Ahora vino la feria judicial y fueron dos semanas en las que toda la investigación quedó paralizada. Nosotros vimos, cuando vino la policía, cómo juntaban las pruebas. A las balas las agarraban con las manos, no tomaron huellas porque dicen que no tienen un registro informatizado para poder compararlas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer para que la muerte de mi marido no quede impune?”, cuestionó la mujer.

En este sentido, Graciela escribió una carta pública, con el fin de movilizar a los santafesinos y para cuestionar las políticas en materia de seguridad. “Nuestros representantes tienen la obligación de involucrarse en el tema seguridad y dejar de minimizarlo como lo han hecho hasta ahora. Debemos hacer valer los derechos exigidos por los ciudadanos para poder vivir en paz, con justicia y libertad.

Cabe aclarar que la presente no tiene connotaciones políticas, partidarias ni eleccionarias.

Pido a los ciudadanos que se involucren para que produzcamos un cambio social que va desde las bases de la sociedad exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales y no permitir más muertes de nuestros seres queridos.

Unámonos como sociedad, es lo único que nos salvaría”.

Que fuera el último

—El lunes pasado, un hombre fue asesinado en barrio Transporte cuando acompañaba a su esposa a tomar el colectivo. ¿Se puede hacer un correlato entre ambos casos?

—Cuando me enteré de este otro homicidio (el de Félix Acosta), sentí una impotencia terrible. Deseaba que –por lo menos– el de mi marido fuera el último. Que el dolor tan terrible que nosotros estamos padeciendo sirviera para que no le pasara a nadie más. Nos equivocamos y hoy hay otra mujer y otros hijos llorando a su esposo y a su padre. Es terriblemente indignante, ambos eran trabajadores, ambos intentaron defender a sus esposas. Mi marido sabía que en la caja de nuestro negocio había muy poca plata, porque ese día casi no hubo ventas, y se imaginó que no se iban a conformar con esa poca cantidad de dinero y temió que ingresaran a la casa, donde yo estaba en cama, porque tenía anginas. Nos cuidó como pudo y le costó su vida.

—¿Están impulsando algunas acciones para reclamar seguridad junto con vecinos del barrio?

—Sí, estamos armando un petitorio que vamos a distribuir entre los vecinos de Candioti Norte, Sur y barrio Siete Jefes, para pedir más medidas de seguridad y para que los gobernantes sepan de nuestro descontento. Queremos que sean designados en estos cargos que son claves, personas inteligentes y competentes. En este sentido es que estamos pidiendo implementen la ley Nº 24.059 de Seguridad Interior a las Fuerzas Federales del Estado Nacional (Gendarmería) para elaborar planes y conducir acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad que garantice y salvaguarde nuestra integridad física y patrimonial.