Vinculan saqueos a la degradación del sistema judicial y de seguridad

Vinculan saqueos a la degradación del sistema judicial y de seguridad
Idesa los atribuye también a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando en el país. El instituto alertó que los subsidios perpetúan la dependencia.
Los saqueos responden a una multiplicidad de factores. Uno de ellos es el contexto propicio para la violencia que se ha generado a partir de la degradación del sistema judicial y de seguridad, afirmó Idesa, Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Según sostienen en su informe vinculado a los saqueos, "en los últimos años, las señales emitidas desde las autoridades fueron que el no cumplimiento con las normas es legítimo si el fin político perseguido lo justifica. A su vez, los valores de apego a las reglas, al respeto al prójimo y a la autoridad, frecuentemente son planteados no como componentes esenciales de un sistema democrático sino como desvalores asociados al autoritarismo. Este marco explica que buena parte del protagonismo en los saqueos no haya sido de gente en estado de pobreza sino de violentos que disfrutan de impunidad y de los oportunistas que saben aprovechar la falta de ética y valores que prevalece en la sociedad".

En el mismo trabajo, Idesa indica que "a estas causas también se suman algunos cambios en la dinámica fiscal. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), a setiembre del 2012 el gasto público nacional creció a una tasa del 29% interanual, pero los subsidios sociales crecieron al 13% interanual, muy por debajo de la inflación".

Dentro de los subsidios sociales se destaca la evolución de los siguientes componentes:

• Los subsidios sociales del Ministerio de Desarrollo Social crecieron 12% anual.

• Los recursos repartidos entre las provincias y los municipios del Fondo Federal Solidario crecieron un 9% interanual.

• Los subsidios sociales del Ministerio de Planificación Federal disminuyeron en un 10% interanual.

Estos componentes de los subsidios sociales corresponden fundamentalmente al sostenimiento de planes de empleos o la obra pública comunitaria intensiva en empleos precarios destinados a población pobre o vulnerable. Los datos muestran que, en general, las partidas destinadas a subsidios sociales han sufrido una visible desaceleración y que, dentro de ellas, el ajuste se concentra sobre los programas asistenciales que más directamente se vinculan con la contención de la población en mayor estado de necesidad.

El mismo informe de Idesa explica que los saqueos no son consecuencia directa de la pobreza, sino de la profundización del asistencialismo estatal. La bonanza económica estuvo acompañada de un fenomenal crecimiento del gasto público. Gran parte se dilapida en acciones carentes de valor estratégico y muy regresivas desde el punto de vista de la distribución del ingreso, como los subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Otra parte de los recursos públicos se volcaron al desarrollo de redes clientelares, en lugar de promover la movilidad social con educación, formación para el trabajo y un entorno de mercado laboral propicio para la generación de puestos de trabajo formales. La estrategia clientelar aportó paliativos a la población socialmente vulnerable, pero perpetuó su dependencia del asistencialismo estatal. Mientras la bonanza económica permitía canalizar recursos a las redes clientelares, la perversidad del esquema estaba disimulada. Pero con una situación fiscal menos holgada afloran las consecuencias de no haber desarrollado capacidades para el trabajo y valores para la superación personal.

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