Se dice que tendría fuertes vínculos con el justicialismo de la Sexta Sección Electoral.El hecho de no haber realizado llamado a licitación ya de por sí despierta suspicacias, dado que ello implica que no se realicen los controles institucionales que tienen la función de garantizar la transparencia de la operatoria. En ese sentido, los expertos en derecho administrativo suelen decir que la licitación debería ser la norma, y la contratación directa una excepción para circunstancias de emergencia. Esto último no parece ser el caso: la Provincia cuenta con una red de 77 hospitales y miles de profesionales médicos que podrían cumplir esa función, por lo que carece de sentido la tercerización que llevó adelante el ministro.En la resolución firmada por Oporto -a la que tuvo acceso Hoy- se dice expresamente que por los servicios que prestará la mencionada compañía percibirá la friolera de 1,6 millones de pesos por mes, lo que totalizará un monto anual de $ 19.992.849, es decir, 5,2 millones de dólares. Por eso se trata de un negocio redondo desde todo punto de vista.

El monto de la operación supera 327 veces los límites fijados por la ley de Contabilidad de la Provincia, que establece que las contrataciones directas sólo se pueden concretar con montos que no superen los 61 mil pesos. La norma dice, además, que para todas las contrataciones por más de 610 mil pesos se debe seguir el proceso licitatorio.En la resolución se intenta justificar la contratación directa al sostener que en 2008 hubo un llamado para prestar el mismo servicio que quedó desierto, y por ende la mencionada ley de Contabilidad habilitaría a sortear el mecanismo de licitación. Se cree que todo el proceso fue hecho a medida de la empresa. ¿El motivo? En realidad, la convocatoria de 2008 había arrojado como resultado una firma preadjudicataria, que sospechosamente decidió retirarse porque el expediente fue retenido durante 7 meses, sin causa justa, en la Contaduría General de la Provincia. En definitiva, existirían claros indicios de que hubo una decisión política de que dicha licitación no prosperara y se cayera, para avanzar así con la contratación directa."Es difícil creer que en todo el país no haya empresas capaces de prestar este servicio, y que no estén interesadas en quedarse con un negocio de casi 20 millones de pesos. Por eso es, cuanto menos, sospechoso que solamente Dienst Consulting haya sido la única que presentó oferta para quedarse con la contratación directa", dijeron fuentes consultadas por Hoy, que conocen de cerca los tejes y manejes de estas operatorias.Según pudo saber este diario, el vicepresidente de Dienst Consulting es Guillermo Martín (su padre, Raúl, se desempeñó como presidente de la firma hasta el 20 de noviembre de 2009, dos semanas antes de que se le otorgara la contratación directa) y tendría estrechos lazos con el ex senador (?) justicialista Dámaso Larraburu, quien es el jefe político del intendente de Bahía Blanca, Cristian Breintestein.Es más, Guillermo Martín se desempeñó como asesor de la ex senadora provincial por la Sexta Sección Electoral Alicia Fernández de Gabiola (estrechamente vinculada con Larraburu) y muchos lo recuerdan también por haber sido un asiduo visitante del Banco Provincia en la época del corralito, en los años 2001 y 2002. Cabe destacar que Larraburu se desempeñó como director del Bapro hasta fines del año pasado, cuando fue removido de su puesto por orden de Kirchner.En la Casa Rosada no le perdonan a Larraburu haber ordenado a Breintestein no presentarse como candidato testimonial en las últimas elecciones, aunque igualmente el ex senador sigue siendo quien manda en el justicialismo del sur bonaerense.

Otro nombre que aparece vinculado a Dienst Consulting es el de Franco Di Toto, que es íntimo amigo de Guillermo Martín, y fue el primer presidente de la compañía. Actualmente, es el interventor de uno de los registros del automotor de la ciudad de Bahía Blanca (sería el número 5, ubicado en Berutti casi O´Higgins), cargo al que obviamente llegó por sus vinculaciones políticas. Vale la pena acotar que la empresa mencionada aparece con domicilio en calle Belgrano 376 de nuestra ciudad.

"Alguien tiene que dar una explicación"

Ante una consulta de Hoy, y luego de analizar la resolución firmada por Oporto, la diputada provincial de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin Moro sostuvo que "al no ser la causa (del fracaso de la licitación) la falta de ofertas sino la mora de la administración, lo serio sería llamar a una nueva licitación, donde haya más concurrencia de oferentes. Alguien tiene que dar explicaciones no sólo desde Contaduría de la Provincia (que retuvo el expediente durante 7 meses), sino desde el Ejecutivo que no instó ni acreditó medios para apurar el tratamiento del expediente", concluyó la legisladora.