La senadora provincial Diana Larraburu (FPV), autora del proyecto de ley mediante el cual se expropiaron los bienes del frigorífico Villa Olga, que quedaron en manos de una cooperativa conformada por trabajadores, defendió ayer la medida.

Consultada por los justificativos para impulsar la expropiación de esa tradicional empresa, ubicada en cercanías del acceso a General Daniel Cerri, sostuvo que la detección de fraude laboral realizada por el ministerio de Trabajo requería la intervención del Estado en favor de los operarios.

Luego hizo alusión a la solicitada publicada por este diario el domingo pasado, mediante la cual Silvio Siracusa, propietario de la firma, criticó la iniciativa al afirmar que la expropiación se pagaría con recursos de todos los contribuyentes.

"Me resulta una barbaridad que una persona como Siracusa, quien mantuvo a sus empleados al margen de las leyes laborales durante varios años, salga a decir que no se cumplieron los plazos legislativos para tomar la determinación, ya que ni siquiera cumplió con su rol de empleador como se lo exige la ley", dijo la senadora de origen cerrense.

También sostuvo que, por sobre todas las cosas, lo que su proyecto pretendió fue resguardar las fuentes laborales, por encima de otros derechos, como la propiedad privada.

Consultada sobre si la detección de otro fraude laboral, tal como sucedería con otras cooperativas radicadas en la ciudad, sería motivo de iniciativas similares, confirmó que se podría avanzar en el mismo sentido si los trabajadores afectados lo requirieran.

"Como legisladora y como persona nacida en Cerri conozco la situación del frigorífico. Hay empleados que aún hacen cola para lograr la jubilación, gente que quedó completamente desprotegida por el sistema perverso de contratación que llevaba adelante Siracusa. Por eso los representantes del pueblo tenemos que trabajar para evitar esas situaciones", dijo Larraburu.

Agregó que aunque Siracusa se llame a sí mismo contribuyente, "no aportó nunca con el sistema previsional ni con el impositivo, ya que cientos de sus empleados trabajaban en negro o como monotributistas".

"Hace dos años que se viene trabajando en el tema Villa Olga, lo tratamos cuando era concejal, durante la intendencia de Cristian Breitenstein, y hasta se gestionaron subsidios estatales porque Siracusa no quería pagar las indemnizaciones que le correspondían a la gente. Todo esto no surgió en 30 días como afirma en la misiva", afirmó la senadora.

Acerca de los intereses económicos o políticos a los cuales Siracusa hizo referencia en la publicación, manifestó no estar interesada en saber cuáles son, sino en que se resguarden los puestos de empleo.

"La cooperativa que formaron los empleados fue producto de la perversa relación contractual que tenía el señor Siracusa con ellos", aseguró.

Por último dijo que la medida de expropiación garantiza que la parte productiva quede en manos de los trabajadores, y el apoderado de la firma deberá cobrar lo que le corresponda por la expropiación, cifra que abonará el Estado nacional pero que luego los trabajadores deberán saldar.

El frigorífico comenzó a tener graves problemas operativos desde septiembre de 2011, momento en el cual se iniciaron los reclamos de los obreros, que incluyeron cortes de ruta y la toma de la planta.