Una resolución del Banco Central de la República Argentina ligó al ex secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Zeballos, con empresas supuestamente truchas que prestaban servicios a la Comuna. En esta ocasión, la prestamista “Provincred”, nunca estuvo autorizada por la citada entidad para funcionar como tal.

“Le informamos que ‘Provincred’ y ‘Géminis Cooperativa de Créditos, Consumo y Vivienda’ no cuentan ni han contado con autorización de esta institución para funcionar como entidades financieras, en el marco de la Ley Nº 21.526”, dice la resolución emitida por el Banco Central de la República Argentina. El papel está firmado por Oscar Álvarez, subgerente de Autorización y Expansión de la máxima central bancaria de la Nación.

La exposición enviada al Juzgado de Instrucción Dos, a cargo de Marta Vallica San Martín de Figari, está comprendida en una acusación que realizó hace tres años el concejal José Giraudo. En aquella oportunidad, el edil denunció para que se investigara a Zeballos y al ex secretario de Servicios Urbanos, Darío Sacco por realizar transacciones con el Estado nacional, provincial y municipal—actividad incompatible para un funcionario público— y por el delito de “usura”.

Ayer, en una conferencia de prensa, el concejal explicó que el ex secretario de Hacienda firmó –en ejercicio de sus funciones- un convenio con una empresa que otorgaba créditos a los empleados municipales con la única condición de presentar el recibo de sueldo. “Esos préstamos eran descontados directamente por planilla por el Municipio, es decir que el riesgo para la compañía financiera era nulo. Sin embargo, cobró intereses que superan el 50 por ciento, lo que usualmente se conoce como interés usurario”, afirmó.

La firma "Provincred" habría sido propiedad de Zeballos antes de cumplir su rol público. “El Municipio se transformó en agente de retención de una empresa que no está avalada para funcionar como entidad financiera, esto es preocupante porque es como si la Comuna contratara a un usurero y le garantiza con el cobro de los sueldos”, dijo el edil.

El dirigente de Mercedinos por el Cambio aseguró que la primera medida que el Ejecutivo debe tomar si desea “blanquear” la situación es la de enviar en forma urgente el convenio celebrado en aquella época para que el Concejo Deliberante lo apruebe o lo deseche. Este paso nunca fue realizado cuando acordaron las funciones de la entidad crediticia en ese entonces. “También el martes que viene vamos a presentar un proyecto de ordenanza para el Municipio cese de hacer las retenciones”, dijo.

Causa “dos millones”: llamarán a testigos

La penúltima semana de abril cuatro testigos serán citados para declarar. El juez Alfredo Cuello, escuchará lo que serían las últimas testimoniales por la causa que investiga la malversación de fondos públicos en la que también están sospechados Marcelo Zeballos y Darío Sacco.

Uno de los abogados que patrocina a quienes denunciaron a los ex funcionarios, Carlos Andreotti, tenía en sus manos el papel que emitió el juzgado para llamar a los testigos. “Para el 19 de abril citaron a Gabriel Isidoro Escobedo (padre) y la otra hija que formó parte de la sociedad —Gabriel SRL— que es María Teresa Escobedo y también a María Anabela Fernández que era la secretaria de Zeballos en 2008 y que tenía autorización de la firma para hacer todos los trámites”, afirmó el magistrado. Los tres apuntarán a la firma que habría realizado los trabajos de arreglo del edificio municipal aunque no está claro cuáles fueron ni cuánto se pagó por las tareas.

El 20 de abril está citado Juan Aguilar que era empleado de un campo de azafrán que habría sido propiedad de Sacco y Zeballos y la Justicia investiga de dónde partieron los fondos para adquirirlo.