Esta información fue proporcionada por la comisión directiva del Sindicato de Vigiladores e Investigadores de Seguridad Privada de Tucumán, cuyas autoridades Mario Rubén Leguina (secretario general), Sergio Oscar Reyes (secretario gremial) y Daniel Almiro Quinteros (secretario de finanzas) admiten que tal circunstancia se produjo a consecuencia de la crisis que se vive a nivel mundial y a la grave recesión económica por la que atraviesa el país.

"Casi el 70 por ciento de los puestos de trabajo perdidos en nuestra provincia, fueron cubiertos por personal policial que cobra entre siete y ocho pesos la hora, sin tributar bajo ningún concepto al fisco", dijeron los dirigentes, para agregar que "lamentablemente los empresarios de nuestra provincia optan por esta alternativa, evitando de esta manera pagar impuestos y cargas previsionales, sin tener en cuenta que detrás de cada vigilador hay una familia constituida.

Por último, Leguina instó a las autoridades gubernamentales y a los legisladores que tomen debida nota de la importancia de lo planteado "a los efectos que se reglamente la ley de los servicios adicionales que brinda la policía, de modo que los mismos puedan aportar a la ANSES, para que una vez retirados gocen de una jubilación digna. De esta manera, la seguridad privada no estaría en desventaja y se dignificaría la actividad de los dos sectores", concluyó.