A media tarde de ayer, cuando en forma simultánea los grupos de desocupados de Caleta Olivia y Pico Truncado liberaron las rutas 12 y 43 para llegar a un acuerdo con funcionarios que hacen de intermediarios con empresas petroleras, de la construcción y de la minería, se pensó que los piquetes estaban a punto de concluir, teniendo en cuenta que también se les ofrecía un “refuerzo” de 1.850 pesos mensuales hasta tanto todos fuesen reubicados laboralmente.

Sin embargo, estas negociaciones no prosperaron porque los 70 desocupados de Caleta Olivia y los casi 120 de Pico Truncado, todos ellos inscriptos con antelación en el padrón de espera del intervenido gremio petrolero, solo aceptan puestos en ese rubro.

El grupo de Caleta Olivia ya tenía asegurado 30 puestos en la empresa San Antonio, pero no aceptó ser “dividido”, según la expresión de uno de los voceros de nombre Javier, ya que ellos esperaban que los 40 restantes compañeros tuvieran la misma suerte.

La realidad que le plantearon los funcionarios no los satisfizo y consecuentemente resolvieron volver a implementar los cortes, los que a partir de hoy podrían ser más extensos e incluso definitivos en tramo de la ruta 12 que lleva a Cañadón Seco.

Parte de esos manifestantes se encuentran en la ruta 3, a la altura del basural, pero allí sólo restringen el paso de vehículos de empresas petroleras.

EXPULSADO Y DENUNCIA

En el principal punto del piquete (Ruta 12), ayer se produjeron numerosas discusiones con personas que intentaban pasar a bordo de vehículos particulares. Una de las situaciones límites se produjo cuando una vecina de Cañadón Seco increpó a los piqueteros y uno de ellos le profirió insultos irreproducibles de tal calibre que incluso motivó que los propios desocupados lo expulsaran del lugar.

Inicialmente, un vocero de los mismo dijo a Diario Patagónico que el agresor fue “borrado” de la lista de los 70, aunque más tarde otro aseguró que el sujeto no pertenecía al grupo original y que había llegado “ebrio o drogado”.

Si bien se da por sentado que en ámbitos policiales y judiciales de Caleta Olivia, tanto representantes de empresas como particulares han presentado denuncias al verse imposibilitados de circular libremente de una a otra ciudad, la principal de ellas surgió de la unión de vecinos de Cañadón Seco.

En principio los mismos se reunieron el jueves con el comisionado de fomento, Jorge Soloaga, para buscar una vía de solución a este problema social que los tiene virtualmente sitiados.

Fue así que se decidió crear un Comité de Contingencia y Crisis permanente (previendo futuros y similares problemas) y se autorizó al comisionado a presentar una denuncia penal ante un fiscal de turno acusando a los piqueteros de estar cometiendo un delito de acción pública.

Esta instancia podría derivar en la posibilidad de que la justicia resuelva ordenar el desalojo compulsivo de los desocupados.

Ya entrada la noche, los vigiladores de disidentes del gremio de seguridad esperaban el resultado de una reunión de directivos de empresas de seguridad y de operadoras de yacimientos, a fin de acordar una equiparación de sueldos.

“Si este compromiso se cumple nos retiramos esta misma noche de la base de Oxy y de la planta deshidratadora de YPF en Cañadón Seco, además del camino de acceso al yacimiento Huemules”, próximo a Koluel Kayke, aseguró uno de los voceros a este diario.

Además, aclaró que ya desde el día miércoles el grupo que estaba en los piquetes de Las Heras (en caminos secundarios) se había retirado, a modo de expresar la voluntad de negociación.

A todo esto cabe señalar que en los docentes en huelga mantenían los cortes en la ruta 18 que lleva a Los Perales, en la 16 por la que se accede a zona de Holdich y también en el acceso a la planta LH3 de YPF.