En la iniciativa, la gobernadora hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

Según informa Télam, exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.