“Yo sentí que era una humillación. ¿Sabés lo que es tener vecinos con 9 hijos y que les entreguen eso? Es evidente que se te burlan en la cara...”, sostuvo Anahí con un enojo que se materializaba en sus ojos. Mientras Anahí habla, Marcela está barriendo el piso ahí cerca, a unos pocos metros.

Ella conoce de hacinamiento y de vivir apretado, no necesita que nadie le cuente otra experiencia porque la suya es dura. Hacen más de 30 grados de calor en barrio Justicia y Marcela detiene la escoba para hablar con El Tribuno. Detrás de ella, esta su hija, Sofía, sentada en una piedra. Uno de los hijos de ella, pequeño aún, tuvo que dejar su casa para irse a vivir con la abuela por falta de espacio. Esa impotencia lo cuenta la mirada de Marcela sin antes conocer su voz.

Es que viven en los módulos habitacionales de quince metros cuadrados que el Gobierno provincial construyó hace poco más de un año para más de un centenar de familias numerosas en barrio Justicia, a pocos metros de un basural San Javier. Asomarse allí genera sorpresa y empatía con la frustración que siente la gente que pidió una vivienda pero les dieron de consuelo módulos habitacionales. Se trata de pequeñas casillas de 15,8 metros cuadrados emplazadas en terrenos de 10 metros por 20 metros.

Ninguna cuenta con cocina ni espacio donde sentarse. Solo hay una habitación chica donde apenas caben dos camas. No tienen instalaciones de gas, ni espacio para ubicar una mesa. Las delgadas puertas de metal están rotas y las paredes rajadas y sin revoque, al igual que el piso. “Mis hijos hacen las tareas afuera... y ¿qué querés? si no entran. Es terriblemente incómodo vivir así. Dormimos todos juntos”, cuenta Mariana. Como ella, la mayoría de los testimonios son conmovedores, aunque ver a los niños haciendo la tarea afuera de su casa por falta de espacio, resulta peor aún.

La entrega discrecional

prima sobre la necesidad

Las familias que salieron de los asentamientos de la zona sudeste, para trasladarse a los módulos habitaciones pensaron que habían encontrado fin al hacinamiento. Pero se equivocaron. Los módulos habitacionales que el Gobierno de la Provincia construyó tienen un costo aproximado de $36.177,8 según los datos que la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia proveyó a este medio meses atrás.

La polémica por los módulos construidos en barrio Justicia no solo tiene que ver con la dimensión de las viviendas sino también con la ubicación de estos. Se levantaron a pocos metros del basural San Javier, una zona no residencial, por sobradas razones. Aunque la más básica e importante es que no cumplen con el requisito de habitabilidad.

Para ir más allá, el artículo 131 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la Municipalidad de Salta prohíbe la instalación de casas o viviendas en lugares contaminados o cercanos a vertederos y basurales. Y define como Areas Especiales de Interés Urbanístico No Aptos a los espacios o zonas que tanto por su ubicación como por su contaminación ambiental, se “consideran a priori no apropiadas”.

Los 1.141 módulos que ya se construyeron y distribuyeron, se ubican en Rosario de la Frontera, Cafayate y Salta. Todos tienen el mismo tamaño, no hay excepciones para ninguno. Todas las familias están igual de hacinadas.

En el departamento de Cafayate las denuncias por el estado deplorable de los módulos también fueron de público conocimiento. El Ejecutivo construyó poco más de 570 módulos allí, en terrenos de 10 metros por 20 metros.

En tanto que en Rosario de la Frontera donde la falta de viviendas es un problema que afecta a dos mil familias, las quejas vinieron por las demoras para la construcción de 92 de estos módulos a un costo de $2.569.468.