Además, se hizo hincapié en que el tribunal tenía la responsabilidad de terminar con 34 años de impunidad, y que el crimen contra el estudiante constituía claramente un delito de lesa humanidad.

La familia de Cecilio Kamenetzky sostuvo que Giribaldi fue asesinado la misma noche que el estudiante, quien estaba en total estado de indefensión y esposado cuando fue ejecutado por la espalda."

La primera jornada de alegatos, convertida hasta estas instancias en la más extensa, quedó inconclusa ya que fue diferida para hoy la exposición del fiscal federal general Gustavo Gimena. Esto fue motivado por las largas ponencias de los distintos profesionales que forman parte de las querellas.

Tal cual está estipulado en el Código Procesal Penal, el primero en argumentar fue la querella de la familia, representada por los abogados Antenor Ferreyra y Oscar Rodríguez, quienes dividieron la presentación entre el marco histórico y la calificación penal que le cabía a los delitos cometidos por Azar Curi -jefe del grupo de tareas que funcionó en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP)- Garbi (subjefe) y Ramiro López Veloso, sindicado como un “profesional de la tortura al servicio de la organización criminal”.

“Los santiagueños no podían imaginarse lo que pasaba en esa casa del horror”, dijo Ferreyra sobre el funcionamiento de la DIP, y sostuvo que hubo una impunidad política por las leyes que declararon amnistías contra los represores y una técnica por parte del Poder Judicial, que en el caso Kamenetzky implicaron dilaciones o actuaciones fallidas de los funcionarios, hasta demora en la integración de un tribunal.

Sobre la importancia de realizar este juicio, definió: “No es remover el pasado, juzgar a pobres viejitos, ni venganza, sino preservar el futuro y hacer tomar conciencia al pueblo”. Rodríguez sostuvo que Azar Curi tuvo la suma de poder, por casi 50 años, mucho más que Miguel Etchecolatz (comisario de La Plata condenado por delitos de lesa humanidad). “La vida y la fortuna de los santiagueños estaban en manos de un pequeño grupo”, endilgó el abogado al ex policía y su gente, a quienes acusó de ser miembros de un aparato represivo como la DIP, “que fue una empresa criminal conjunta”.

Pedido de pena

Basados en un abundante material jurídico y de legislación internacional, y en pruebas documentales y fundamentalmente testimoniales -rescataron las declaraciones de las víctimas- los abogados sostuvieron que Musa Azar Curi, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso eran penalmente responsables de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas con el propósito de ocultar otro delito y para procurar impunidad para sí y para otro, todo ello en concurso real. Ante lo expuesto, solicitaron para los tres imputados la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales (supresión de grado y no pago de pensiones) y costas, enfatizando en que la condena se deberá cumplir en cárcel común, sin ningún tipo de atenuantes.

Este último pedido generó un aplauso espontáneo de representantes de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas del accionar de los grupos de tareas local que comandó Azar Curi, entre quienes se encontraban Rosa y Adela Kamenetzky, madre y hermana de la víctima.

Antes de comenzar con el alegato, Antenor Ferreyra pidió que se inicie una causa para que se investigue la responsabilidad que pudieran haber tenido en el terrorismo de Estado, los ex funcionarios judiciales federales Arturo Liendo Roca, Santiago Olmedo y Luis Constantino Soga. Similar pedido hizo contra los ex militares Jorge D’Amico, Leopoldo Sánchez y Juan José Ramírez, y el ex capellán de la Policía, el sacerdote Carlos Marozzi.

Genocidio

El genocidio fue el concepto que incorporó el alegato realizado en forma conjunta entre la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codesedh), representado por la doctora Liliana Molinari.

Inés Lugones, que ejerce la representación de la Asociación junto con la letrada Julia Aignasse, sostuvo que los acusados formaron parte y fueron ejecutores del plan sistemático de exterminio de opositores políticos” y que por lo tanto tenían que ser juzgados como genocidas.

En este sentido, Aignasse ofreció al tribunal un detalle de las circunstancias en las que fue asesinado el estudiante universitario y puso de relieve la torpeza con la que intentaron encubrir la muerte de Kamenetzky. “Esta querella considera que están demás los alegatos porque fue tan burda la manera en la que trataron de ocultar el asesinato, que las pruebas que dejaron son irrefutables y es por esa razón que ahora este Excelentísimo Tribunal tiene la enorme responsabilidad de impartir justica; en una mano tienen la verdad y en la otra la confianza en la justicia”, resaltó.

En las instancias finales de la jornada, la abogada Bárbara Llinás junto a Héctor Carabajal, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, coincidieron con el resto de los querellantes al solicitar “prisión perpetua en cárcel común” para los tres imputados.

Durante su alegato, la abogada describió el “plan de exterminio sistemático” que fue implementado por el denominado Proceso de Reorganización Nacional en la última dictadura argentina.

Por último, Carabajal ofreció un análisis de las pruebas “que no dejan lugar a dudas acerca de la culpabilidad de los tres acusados” y realizó un repaso por los últimos momentos de vida de Cecilio, así como también “las insólitas circunstancias” en las que fue detenido y alojado primero en la DIP y luego en el Penal de Varones.

Frases

Hemos logrado en un mes, un importante aporte para reconstruir la memoria colectiva de Santiago. El expediente de este juicio debería estar en el Museo Histórico”. Antenor Ferreyra

Musa, Garbi y Ramiro López, tenían orgullo de ser convocados para participar de una organización criminal”. Oscar Rodríguez

Muy cobardemente los acusados han endilgado la muerte de un niño, porque Cecilio era un niño, en una persona que está muerta, que no puede defenderse”. Julia Aignasse

Ninguno de los tres imputados está presente en la sala porque no pueden mirar a los ojos a todas esas personas que torturaron hace treinta años”. Liliana Molinari

Pasaron veinte días de tortura hasta que Cecilio fue indagado por primera vez y terminó reconociendo que repartía panfletos o que leyó Estrella Roja… veinte días de tortura.”. Héctor Carabajal

Los tres saben perfectamente lo que hicieron y estoy convencida de que lo volverían a hacer; sólo espero que en algún momento tengan un poco de dignidad y rompan ese pacto de silencio que hicieron para decir dónde están nuestros hijos y nietos”. Liliana Molinari