Los ediles resolvieron aceptar el veto promovido por el intendente Marcelo Cascón respecto de la comisión fiscalizadora que crearon semanas atrás con confusas funciones y aprobaron un proyecto surgido del consenso entre el Ejecutivo, el Deliberante y el empresariado por el cual se retoma la figura de Ente Autárquico Municipal como autoridad de aplicación del contrato de concesión del centro invernal Antonio Lynch que administra la empresa Catedral Alta Patagonia S.A.

El Ente gozará de autarquía legal, económica y administrativa con plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, y ejercerá de manera exclusiva el rol de autoridad de aplicación del contrato de concesión.

El nuevo Ente Municipal tendrá representantes del Ejecutivo (3), el Deliberante (2) y el empresariado con un referente de la Cámara de Turismo y se dotará de recursos provenientes del 50% del canon anual de la concesión del centro invernal, subsidios, donaciones o transferencias.

Se garantiza que las actuaciones realizadas hasta el momento por el ENRECAT –recientemente disuelto por Provincia- y el Municipio tienen validez hasta que entre en vigencia el nuevo organismo que fue aprobado por unanimidad de los concejales y que requiere de una segunda vuelta.

La única disputa en el tratamiento del proyecto surgió con el planteo de Claudio Otano (UCR) de incorporar un segundo representante del empresariado por la Asociación Empresarial del Cerro Catedral, cuestión que tuvo explícito rechazo de Alfredo Martín (FG), mientras que Hugo Cejas (SUR) señaló que “se está dando lo que yo no esperaba que se diera que es discutir sillones y no lo que tenemos que hacer con el cerro Catedral”.

Se prevé que este tema se debate en comisión previo al tratamiento en segunda lectura.

Luego de la transferencia del cerro Catedral al Municipio en diciembre pasado se suscitó la dificultosa tarea de definir cuál sería el organismo regulador que en principio se promovió desde el empresariado y el Ejecutivo una Sociedad del Estado que no encontró respaldo en el Concejo Municipal, por lo que derivó en una Unidad de Fiscalización instruida por resolución del intendente y finalmente una Comisión Reguladora sancionada por ordenanza, que hoy dejó de existir al aceptar el veto del jefe comunal.