Ella es la figura. Con sus trajecitos formales y su carácter volcánico, se juega por esquivarle a un destino tras las rejas, muy diferente del que soñó en sus dos años en la Policía, cuando, apenas terminada una breve instrucción, entró de lleno como parte de la custodia en la Casa de Gobierno para vincularse en una explosiva relación con el juez de Menores Héctor Agustín Aráoz.

El crimen del 26 de noviembre de 2004 catapultó a una triste fama a Ema Gómez y puso en la mira a policías que, como Andrés Faversani, habían sido noticia por tortuosos episodios. Ella es la figura y su pelea a los gritos el viernes, en la sala de audiencias, con el otro acusado del crimen, el también policía Darío Pérez, parece prometer un intenso folletín por entregas. Pero detrás de las figuras y de un caso de características muy llamativas (una policía amante de un juez involucrada en su homicidio) subyace un profundo deterioro institucional del que el crimen del juez parece ser un exponente potenciado -e indeseado- del modelo y cultura policial vigente.

Volver a empezar

La investigación del homicidio (Aráoz fue acribillado a balazos) y sus motivaciones individuales (¿pasional, venganza, ajuste de cuentas?) están en la mira. Los únicos que pueden dilucidarlo son la Justicia y sus auxiliares: de hecho, al cabo de las pesquisas del fiscal de Instrucción Guillermo Herrera (quien envió el caso a juicio), la fiscala de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, acaba de pedir -seis años después- nuevas pericias genéticas (colillas de cigarrillo halladas en el lugar), balísticas (casquillos que no estaban peritados) y telefónicas. Pericias que debieron hacerse en los primeros días; pero precisamente las características del caso que involucra a policías es lo que ha complicado sobremanera la investigación: los tres oficiales acusados de encubrimiento -Rodolfo Domínguez, Rubén Albornoz y Faversani- actuaron pésimamente al enterarse del homicidio, porque no avisaron a la jurisdicción correspondiente -la Unidad Regional Norte- ni al jefe de Policía, ni a las comisarías de Yerba Buena y El Corte. Domínguez era el jefe de la comisaría de Banda del Río Salí y atravesaron toda la ciudad y Yerba Buena para llegar a la casa del juez asesinado. Ni siquiera el fiscal de turno -Herrera- o el secretario Daniel Clemente fueron avisados con la premura que requería un caso de estas características. Herrera estaba lejos. Llegaron varias horas después a la vivienda de Aráoz. ¿Estuvo bien cuidada la escena del crimen? Todo hace dudar. Ya en otros casos han pasado largas horas antes de que se comience a hacer peritajes, cuando se sabe que es crucial preservar en los promeros momentos los elementos involucrados en un asesinato. Así pasó hace más de una década con el crimen de Lucas Fernández que, al cabo de un largo juicio recientemente anulado, hoy está sin culpables.

Hay que pensar en el tiempo transcurrido desde el hecho. "La Justicia debe ser lenta", dice el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, obviamente aclarando que "de ninguna manera significa que no se vaya a hacer justicia, sino que esta debe ser ejercida con tranquilidad y no apresuradamente". Pero seis años parecen mucho tiempo para comenzar de nuevo a hacer las pericias pendientes y esto abre fuertes interrogantes.

Una mirada más extensa lleva al marco en que se encuentran policías involucrados en un homicidio. ¿Esto es infrecuente, aislado, o hay otros hechos de comportamientos policiales violentos o por exceso en el uso de armas de fuego? ¿O de ilícitos? ¿O de inconductas? Un pequeño repaso a los escándalos del año pasado -la banda de policías acusada de dedicarse a asaltos o los presos VIP de la comisaría de El Manantial- da la idea de que hay una cierta frecuencia de comportamientos derivados de la falta de control sobre lo que pasa en el seno de esta fuerza de casi 8.000 empleados. No sólo en la actividad cotidiana -policías que sortean jurisdicciones y no cumplen con protocolos ni con el sentido común- sino en la verificación de condiciones de los que ingresan a la fuerza.

La vertiginosa carrera de uniformada de Ema Gómez la llevó acceder a destinos policiales cercanos al poder político (ministerios, custodia de funcionarios, vinculación con legisladores y hasta llegar al juez Aráoz) y la ayudaron a sortear destinos más ásperos como el de los policías de calle. ¿Esto fue una situación singular o muestra un ambiente de entrelazamientos donde intervienen los tres poderes del Estado? Ema Gómez había hecho llamados a policías de Banda del Río Salí, al jefe de custodia de la Casa de Gobierno, a un legislador y a un juez del sur. Puede no significar nada. Puede significar mucho. Acaso, ser la muestra de una Policía cuyos miembros encuentran facilidades para afianzar vínculos con el poder, antes que responder a la ciudadanía.

Además están otros elementos previos al homicidio, como la denuncia del juez en el sentido de que estaba siendo espiado y el hallazgo de que hubo agentes del D2 (Departamento Inteligencia de la Policía) que estuvo sacando fotos del juzgado de Menores de Aráoz. Alguien justificó -en off- que la Policía estaba haciendo una investigación de un robo hormiga en un corralón cercano al Instituto Roca (donde están los juzgados de Menores) pero lo cierto es que nadie aclaró públicamente en qué consistía esa pesquisa ni sus motivos. Después ocurrió el asesinato y esa "desprolijidad" de la fuerza de seguridad quedó como una cuestión anecdótica. Ni siquiera se sabe si había un corralón ni si se resolvió el robo hormiga. Mucho menos se entiende por qué intervino el D2 en la investigación de un delito de poca monta. Claro que tampoco está claro para qué se usa ese departamento de Inteligencia policial. Sí da a entender que responde a un modelo policial que, en los hechos chicos como en los hechos grandes- procede con los mismos parámetros en los que las conductas se vinculan con una fuerza de seguridad autorregulada y autoprotegida hasta que los escándalos la salpican.

El hecho que hoy concentra todas las atenciones ocurrió a comienzos del actual gobierno. ¿En qué se modificaron las conductas policiales? Hoy hay más tecnología, más vehículos y más agentes pero pocas veces como en 2010 se vieron tantos episodios de presunta corrupción y desmanejo policial. Lo cual ensucia la labor y la imagen de los agentes con vocación y buenas intenciones.

El camino del folletín

El folletín de la historia que rodea este hecho de sangre, con sus datos gruesos y sus detalles curiosos, probablemente, nos va a ilustrar sobre las relaciones en la fuerza, al menos en lo que hace a los directos involucrados. Se supone que al final del proceso oral, que, por la índole de sus protagonistas promete episodios como los del viernes pasado, habrá conclusiones y una sanción.

Acaso las nuevas pericias y pruebas pedidas -cotejo de llamadas y de sms, pericias de armas (las tres que se hicieron no permitieron llegar conclusiones irrebatibles) lleven a un buen fin. Los antecedentes en pesquisas de la Policía tucumana -aún carente de adecuados protocolos de preservación de pruebas- indican que se está lejos de las proezas científicas que muestran las ficciones de series televisivas como "CSI". Antes bien, y a partir de episodios de enojo y acusación como los del viernes, cuando la fría estrategia de los abogados puede caerse frente a las exaltaciones de los acusados, puede ocurrir que haya confesiones o bien que los jueces, como Tim Roth en la serie "Lie to me", puedan descubrir en los gestos y palabras de los involucrados dónde están las verdades y dónde las mentiras.