Las leyes, decretos y escrituras que se elaboraron en relación a la venta de terrenos en Tolloche establecían claramente que los lotes que fueron adjudicados a fines de 2007 no podían venderse, arrendarse, ni enajenarse a lo largo de 10 años.

Meses después, más precisamente en abril de 2008 y posteriormente en 2010, varios de esos terrenos adjudicados tiempo atrás, resultaron vendidos pese a las prohibiciones que se establecieron en los instrumentos legales anteriores.

Según la información a la que pudo acceder El Tribuno, la mayoría de esos adjudicatarios -hoy sospechados de ser testaferros del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy; del intendente de El Quebrachal, Leonardo García y del diputado por Anta, Pedro Sández-

no podrían haber vendido las tierras otorgadas, sin contar con algún elemento que les permitiese sortear las evidentes prohibiciones.

Sin embargo los lotes en cuestión fueron puestos a la venta y las operaciones se concretaron en 2008 y 2010 pese a que en las escrituras figuraban hipotecas en primer término a favor del Estado provincial y cláusulas que impedían su enajenación a lo largo de una década, tras haber sido entregados con cargo. Además, las prohibiciones también aparecen claramente en las cédulas parcelarias, dentro de los registros con los que cuenta Inmuebles de la provincia.

Todos los documentos a los que pudo acceder El Tribuno forman parte de un proceso que se habilitó con la ley de colonización, que ya en el año 1.987 establecía políticas de regularización y entrega de tierras a ocupantes veinteañales o ancestrales, en distintos puntos del territorio provincial.

Para el caso de Tolloche, el decreto N§ 1866 de agosto de 2006 aprobó la colonización del denominado lote fiscal 37; una superficie de 56 mil hectáreas ubicadas a ambos lados de la ruta nacional 16, antes de llegar al límite con la provincia de Chaco.

Estas hectáreas fueron adjudicadas a través de tres etapas. La primera incluyó la venta de cuatro grandes parcelas de aproximadamente 10 mil hectáreas cada una, las que fueron licitadas y adjudicadas como unidades productivas a inversores.

El resto de la superficie fue distribuida entre tres partes: una le correspondió a la gente que ocupaba terrenos en forma pacífica y con derecho veinteañal acreditado. Esos terrenos conformaron 20 unidades de aproximadamente 500 hectáreas cada uno que les fueron otorgados a la gente sin cargo. Lo mismo ocurrió con una fracción entregada a una comunidad wichí de la zona. Ya en aquella oportunidad, las adjudicaciones se convalidaron con decretos donde claramente se dejaba establecido la prohibición de venta. Cabe aclarar que hasta aquí no hubo problemas con los procesos ni adjudicaciones.

Los inconvenientes aparecen cuando se adjudicaron once parcelas restantes que estaban destinadas a las personas que, sin haber acreditado 20 años de posesión, pudieron comprobar que habitaban y llevaban a cabo procesos productivos en la zona. Estas entregas se concretaron en noviembre de 2007, siguiendo los procedimientos anteriores, con solicitudes por parte de los interesados, declaraciones juradas y actas de constatación de un juez de paz de El Quebrachal, Pedro José Meneses, quien firmó la documentación respaldatoria que habilitó la entrega de los lotes que fueron vendidos meses después, pese a todas las prohibiciones establecidas en los documentos.