El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) realizó un relevamiento, junto con la ONG Paz Activa en los 23 estados del país. Los resultados fueron contundentes: el 67% de las familias percibe el consumo de drogas en los alrededores del inmueble que habitan.

En el 70% de los hogares aseguran que "la inseguridad personal aumentó durante los últimos 12 meses" y, además, reconocen que existen "grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales".

Una de las preguntas de la encuesta publicada por El Nacional, indagaba: "¿Qué tan fácil o qué tan difícil es mandar a matar a alguien en su comunidad?". El 36% dijo que era "fácil" o "muy fácil". Respecto a las armas de fuego, el 42% de las familias dijo que no tendría problemas para poder adquirir una en el mercado negro; y, por último, el 61% aseguró que tiene a su alcance bocas de expendio de drogas.

La última consulta para los vecinos de todos los estados, decía: "¿Cree usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de la democracia en Venezuela?". El 85% de las familias consideró que sí.

"El delito organizado atenta contra derechos humanos fundamentales al poner a los ciudadanos comunes en situaciones de vulnerabilidad frente a delitos graves, especialmente de mujeres y niños. Ellos suelen ser las víctimas directas e indirectas de crímenes graves como los homicidios con armas de fuego, secuestros y robos vinculados a las redes de que operan en el país", aseguró el sociólogo Luis Cedeño, director Ejecutivo de Paz Activa.