A ellos se suman las asignaciones por hijo, por embarazo, etc, medidas sobre las cuales el gobierno de Formosa ha agregado otra que implica una mejora en la calidad de vida y que comprende desde hace un tiempo, la reubicación de familias que vivían en casillas precarias a módulos de material con servicios de luz y agua potable con el título de propiedad.

Estas familias no han tenido que pagar un solo peso por la construcción, ni el terreno donde se asienta puesto que tampoco podrían enfrentar los costos al encontrarse en una situación de total vulnerabilidad y extrema pobreza.

Pero el gasto público que genera esta “estrategia de emergencia” debe ser controlada por el Estado para que no se desvirtúen los objetivos planteados y que a su vez deben auditarse como se hacen con las viviendas del IPV.

Es decir, no alcanza con entregarles los módulos y despreocuparse del destino final de los mismos porque sencillamente, una vez superada la alegría del lugar propio y pasada la emoción del primer momento, esas personas en su mayoría sin ingresos estables, al no poder generar dinero por fuera de los planes, llegan a vender sus casas para poder tener más efectivo en la mano sin importarle las consecuencias.

En esa circunstancia El Comercial pudo comprobar que en un conocido sitio web de ventas On-line apareció una oferta en la que se exhibe un módulo habitacional “en buena ubicación” emplazada en el barrio Lísbel Rivira.

Con un cartel avisando que el precio es “negociable”, el vendedor identificado como “Sergio” realiza una de las operaciones tantas veces admitidas en privado por los beneficiarios y nunca podido ser comprobada desde los hechos.

La oferta está en línea desde hace dos días y muestra también el número de celular al cual el posible interesado puede comunicarse para pedir cotización de la casa. Además incluye varias fotografías que muestran las condiciones en que se encuentra además de “la buena ubicación” que tiene.

“Vendo módulo y terreno de diez metros por treinta”, dice el anuncio que detalla que el inmueble es un monoambiente con un baño, sin amueblar además de que “no se permiten mascotas ni se cobra comisión inmobiliaria” por la compra.

Pero ¿cómo reacciona el contribuyente que paga los impuestos que nutren los programas sociales ante este tipo de cuestiones o similares? Sencillamente los ciudadanos tienden más a considerar que los compatriotas que reciben ayuda proveniente de programas sociales del gobierno son “vagos” y aunque resulte polémica, esta frase surge de con claridad del informe “Cultura política de la democracia en la Argentina y en las Américas 2012. Hacia la igualdad de oportunidades”.

Según esta encuesta realizada a más de 1.500 personas en todo el país, en una escala de 0 a 100, la Argentina sumó 63,7 puntos en cuanto al acuerdo de que son “vagos” quienes reciben ayuda social. En el continente le siguen Uruguay (57,5), Chile (54,5) y Venezuela (52,4). Muy por debajo se ubican Estados Unidos (44) y Brasil (43,4).

Estas actitudes abiertamente discriminatorias hacia los receptores de planes de asistencia social implementados por el gobierno nacional y el provincial tienen su raigambre en circunstancias como la expuesta, la falta de control, el eterno asistencialismo sin políticas de fondo y la falta de responsabilidad de los destinatarios.

Resta plantear si ante la extrema pobreza en la que se encuentran los exime y proyecta las responsabilidades sobre el Estado, quien administra los fondos públicos y quien además no ha sabido resolver la situación de marginación social de estas familias, condenándolas a una interminables cadena clientelar en donde pierde la iniciativa, el progreso y la autoestima.