El sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica e integrante de la Comisión Consultiva, afirmó que el resultado es “una reforma desleída y electoralista que finalmente ha seguido la máxima de ‘cambiar para que nada cambie’, porque los políticos han actuado, como casi siempre, en torno a sus intereses electoralistas y no a favor de los intereses de los ciudadanos”.

Señaló también que esto es fruto, en parte, de la falta de compromiso y de interés de los propios ciudadanos, de las corporaciones, de las iglesias y también de los medios de comunicación. Pero cargó la responsabilidad mayor en el Gobierno: “La primera y más grave responsabilidad recae sobre el Gobierno, que primero convocó a una Comisión de Expertos que dio un dictamen muy duro y que en su parte fundamental fue desoído”. “El mismo oficialismo -precisó- luego propició el debate en la Unicameral de una primera reforma que, polémicas mediante, fue más bien modesta, pero fue”. Y agregó: “Ahora, en la ‘reglamentación’ de eso que se aprobó, lo que en la práctica hace el partido gobernante es un nuevo enjuague que termina desleyendo aún más lo que había sancionado”.

“Al quitar, por esta vez, el control del financiamiento privado a las campañas electorales y al reglamentar la boleta única permitiendo una opción un poco engañosa (entre otras cosas), lo que ha hecho el oficialismo es abrir aún más espacios de duda respecto de la voluntad real de legislar para los intereses de todos los cordobeses. Más bien queda bastante clara su intención de manejar las reformas electorales de acuerdo con las propias conveniencias”.

El rector de la Universidad Católica de Córdoba concluyó que “más allá de la justa crítica a quienes son los principales responsables, esto debería llevarnos como sociedad a una profunda autocrítica. Porque sin reforma de la ciudadanía, con organizaciones y corporaciones incluidas, no habrá cambios reales y duraderos”.